La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia tramitar la expedición de notificación roja de Interpol contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Manrique es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Ungrd.
De acuerdo con la investigación, Manrique Soacha habría hecho parte de una organización criminal conformada entre 2023 y 2024 por funcionarios, contratistas y particulares, que se dedicó al direccionamiento ilegal de contratos de la Ungrd, especialmente en La Guajira.
Los contratos —valorados en más de $100.000 millones— estaban relacionados con la atención de emergencias humanitarias e incluían la compra de carrotanques, plantas desalinizadoras y adecuaciones de sistemas de agua.
Según el ente acusador, en ese esquema se pactaron sobornos, se falsificaron documentos y se desviaron recursos públicos.
El nombre de Manrique Soacha aparece vinculado por presuntamente facilitar o promover la adjudicación de contratos a empresarios aliados, a cambio de beneficios económicos.
Uno de los episodios citados en la audiencia menciona que entre enero y marzo de 2024 habría recibido $3000 millones por una coima asociada a un contrato con la Corporación Yapurutu.
Por otra parte, la Fiscalía reiteró su solicitud a Interpol Colombia para que gestione una respuesta sobre la notificación roja solicitada contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Esta petición fue realizada el pasado 4 de julio, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. La solicitud se reitera luego de que Nicaragua negara su extradición a Colombia.
Cabe recordar que en las últimas horas, juez avaló el principio de oportunidad al que llegó Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la Fiscalía.
El exfuncionario se comprometió a declarar en contra de al menos 23 personas, incluidos algunos congresistas presuntamente implicados en el mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno.
Pinilla, quien actualmente cumple una condena de más de cinco años de prisión por su implicación en el caso, ha sido clave en la colaboración con la justicia.
Durante los últimos meses ha entregado pruebas sustanciales que incluyen documentos, grabaciones, mensajes y otros elementos probatorios, los cuales han servido para abrir investigaciones contra varios funcionarios de alto rango, congresistas y contratistas.