La divulgación de fotografías y documentos internos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) generó una fuerte controversia política y social tras evidenciar las comodidades con las que contarían varios capos de bandas criminales de Medellín recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
Los implicados participan en las mesas de acercamiento con el Gobierno Nacional dentro de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro junto con la senadora Isabel Cristina Zuleta.
De acuerdo con el informe conocido y publicado en Semana, las inspecciones realizadas en uno de los pabellones del penal evidenciaron condiciones muy por encima de las permitidas por el régimen penitenciario colombiano, lleno de lujos y comodidades no permitas.
La indagación que permitió conocer cómo viven los delincuentes en el centro penitenciario, fue ordenada por el director del INPEC, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, en el año 2023.
En el pabellón número uno, donde permanecían más de un centenar de privados de la libertad, se encontraron cuatro enfriadores y seis congeladores abastecidos con carnes, lácteos, frutas, embutidos y otros alimentos perecederos, cuya tenencia está restringida en los centros carcelarios.
Además, el documento señala la existencia de espacios comunes acondicionados para visitas conyugales, los cuales contaban incluso con plantas que, por sus características, corresponderían a marihuana. Este hallazgo fue registrado por los funcionarios como una grave irregularidad dentro del establecimiento penitenciario.
Las fotografías también muestran celdas equipadas con electrodomésticos como televisores, ventiladores, sanducheras, cafeteras y hornos, así como colchones ortopédicos, muebles, clósets, persianas, duchas eléctricas, puertas corredizas, adecuaciones estéticas y mercados con productos frescos, incluyendo huevos y verduras.
Incluso, los criminales contaban con una amplia colección de zapatillas y gorras lujosas. Estas condiciones contrastan de manera marcada con la situación de hacinamiento y precariedad que enfrentan la mayoría de cárceles del país.
Entre los reclusos señalados figuran cabecillas de estructuras criminales como La Terraza, Robledo, Pachelly, Los Chatas y El Mesa, grupos responsables de múltiples hechos de violencia urbana en el Valle de Aburrá y que actualmente hacen parte de los diálogos exploratorios con el Gobierno.
Aunque el Inpec aseguró que, tras conocer el informe, se adoptaron decisiones administrativas, no se ha precisado públicamente si los elementos fueron retirados ni si se iniciaron investigaciones disciplinarias.
La revelación reaviva el debate sobre los límites de la paz total y los posibles privilegios otorgados a jefes criminales, en medio de cuestionamientos sobre la equidad del sistema penitenciario y la credibilidad del proceso.