La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, responsables de la política de secuestros que dejó al menos 21.396 hechos víctimizantes en todo el país.
Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes nunca antes habían enfrentado a la justicia ordinaria ni reconocido públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Tampoco la justicia había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles.
Así, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz los declaró máximos responsables y autores de crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidios, tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como de crímenes de lesa humanidad como privación grave de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, esclavitud, y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando.
Según el comunicado emitido por la JEP, “tras un riguroso proceso de investigación, se concluyó que los exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP hicieron del secuestro una política criminal siguiendo tres patrones: financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial”.
Cabe decir que, por estos hechos, el Tribunal de Paz les impuso ocho años de sanción propia, el máximo previsto en el Acuerdo Final de Paz para los comparecientes que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad ante la JEP.
Durante este tiempo deberán cumplir proyectos restaurativos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.
“El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba. Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”, comenzó por leerse en la misiva.
Asimismo, aseguraron aún no haber sido notificados de manera oficial por la JEP, pero acatar la sentencia restaurativa.
“Aún no hemos sido notificados oficialmente de la decisión. Una vez se produzca la notificación formal, nos pronunciaremos de fondo, como corresponde. No obstante, reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”.
Por su parte, el magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de esta decisión judicial, aseguró, “Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que le dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. No es solo el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una nueva página para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación. Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas a la luz de las comunidades, con el compromiso de no repetir. Eso nos fortalece como sociedad”.