Las autoridades del Cauca adelantan investigaciones por el asesinato de dos mujeres ocurrido en un lapso inferior a 48 horas en los municipios de Corinto y Santander de Quilichao, en el norte del departamento. Entre las víctimas se encuentra una comunera indígena del resguardo de Huellas, ubicado en el municipio de Caloto.
Las mujeres fueron identificadas como María José Urbano Holguín y Linda Lucía Gómez Pachu. El caso de María José Urbano, registrado en Corinto, generó conmoción entre los habitantes.
Según información oficial, su cuerpo fue encontrado en la vereda Quebrada Seca con heridas ocasionadas por arma de fuego, luego de haber sido atacada por hombres armados.
El alcalde de Corinto, Adrián Díaz, expresó su rechazo frente a lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias de la violencia en el territorio. “Hago un llamado a toda la sociedad civil a la unidad, la tolerancia y la sensibilidad. No podemos permitir que la violencia nos divida ni nos arrebate la esperanza. A los actores armados les reiteramos: la vida debe ser respetada como un principio fundamental”, manifestó.
Por otro lado, en Santander de Quilichao fue asesinada Linda Lucía Gómez Pachu, comunera indígena, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.
Representantes indígenas al respecto señalaron que “ella era una persona que vendía Chontico, lotería y prácticamente era un personaje típico de Caloto porque era muy alegre, extrovertida, más cuando comercializaba estos tipos de productos, debo decir que ella pertenecía al Resguardo de Huellas, al parecer la mato la pareja que tenía actualmente, con quien vivía en Santander de Quilichao, escenario de este caso”.
El hecho fue condenado por el Proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que calificó el crimen como un “vil feminicidio” y señaló que enluta a la comunidad, además de vulnerar los principios de vida, respeto y armonía de los pueblos originarios.
La organización indígena advirtió que estos hechos afectan gravemente el tejido social y cultural de las comunidades, al tiempo que exigió avances concretos en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Aunque hasta el momento no se ha establecido un vínculo entre ambos casos, líderes sociales han advertido sobre la necesidad de reforzar la presencia institucional en esta zona del departamento, históricamente afectada por la violencia, en especialmente la que ejercen los grupos armados ilegales.