El exgerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Felipe Jozé Tinoco Zapata, fue llamado a responder disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el pago de obligaciones contractuales derivadas de la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, Tinoco Zapata se desempeñaba como ordenador del gasto de la institución y, en esa condición, al parecer no habría realizado el pago de obligaciones que superaban los 2000 millones de pesos relacionadas con la prestación de servicios públicos.
A dicho valor se habrían sumado intereses de mora generados sobre el capital adeudado.
El proceso disciplinario también se sustenta en un presunto desacato a decisiones judiciales que ordenaban el cumplimiento de esos pagos. Según lo señalado por la entidad de control, el exgerente habría omitido atender un mandamiento ejecutivo fechado el 29 de septiembre de 2022.
Posteriormente, ese mandamiento fue objeto de una corrección mediante una providencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá el 18 de octubre de ese mismo año, decisión que, de acuerdo con la Procuraduría, tampoco habría sido acatada.
Para el Ministerio Público, el supuesto incumplimiento de estas determinaciones judiciales podría constituir una vulneración de los principios que rigen la función pública.
En particular, la entidad señaló que la conducta investigada estaría relacionada con el desconocimiento de los principios de moralidad y responsabilidad que deben guiar el ejercicio de los servidores públicos.
Por estos hechos, la Procuraduría indicó que, de manera provisional, la conducta atribuida a Tinoco Zapata fue calificada como una falta disciplinaria grave. Según el organismo de control, esta habría sido cometida a título de culpa gravísima, en el marco de las funciones que desempeñaba como gerente del hospital departamental.
Interventor de Asmet Salud fue suspendido
La Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de la EPS Asmet Salud, Lain Eduardo López Martínez, al tiempo que ordenó la apertura de una investigación formal contra cinco de sus antecesores. Esto luego de evidenciar, a través de visitas preventivas, un presunto deterioro sistémico en la prestación del servicio y una grave afectación a la sostenibilidad financiera de esta entidad.
La EPS, intervenida forzosamente por la Superintendencia Nacional de Salud desde mayo de 2023, tiene a su cargo el aseguramiento médico de más de 1,5 millones de afiliados, perteneciendo la inmensa mayoría de ellos a las poblaciones más vulnerables del régimen subsidiado.
*Con información de Colprensa.