El escenario político del departamento del norte del país se encuentra bajo la lupa de las autoridades de control disciplinario.
La Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de iniciar una acción formal institucional con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades administrativas que comprometerían el uso adecuado de los bienes del Estado y la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
La apertura del expediente se produce de forma inmediata como respuesta institucional a los señalamientos públicos realizados desde la máxima instancia del Ejecutivo.
De acuerdo con los documentos oficiales del organismo de control, el foco del caso está centrado en establecer si existieron conductas que configuren una aparente y prohibida participación en actividades de carácter proselitista utilizando plataformas financiadas por el erario.
El órgano disciplinario delegó una comisión especial para recaudar el material probatorio inicial que permita individualizar las responsabilidades dentro del organigrama de la administración regional.
El detonante de la actuación de la justicia disciplinaria fue una manifestación del Presidente de la República, Gustavo Petro, quien cuestió de manera directa el desarrollo de un evento en la capital cordobesa. El mandatario advirtió sobre la supuesta exhibición de material audiovisual con fines electorales en un espacio respaldado institucionalmente.
“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, expresó textualmente el jefe de Estado.
La crítica del Mandatario apuntaba a la presunta promoción de una precandidatura presidencial en las pantallas principales del evento.
Ante la gravedad del señalamiento del Presidente, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2. Segunda para la Vigilancia Administrativa procedió a unificar los reportes y activar el mecanismo de recolección de pruebas bajo los parámetros de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.
El auto formal emitido por la autoridad contempla una serie de requerimientos técnicos y documentales dirigidos de forma perentoria a la Oficina Asesora Jurídica de la administración seccional. La Gobernación del Departamento de Córdoba deberá responder un cuestionario detallado sobre el andamiaje financiero y logístico que soportó la festividad regional.