El pasado fin de semana, Cali volvió a sacudirse por la violencia. Un hombre que compartía con su familia en un restaurante del barrio El Peñón fue asesinado a tiros por un grupo de sicarios. El ataque ocurrió en un sector concurrido y a plena vista.
Minutos después, en una rápida acción policial, las autoridades capturaron a cinco presuntos responsables del homicidio. Durante la presentación de los capturados, un detalle llamó la atención: los detenidos aparecían de espaldas, frente a una mesa con las armas incautadas, munición y teléfonos celulares, pero todos tenían bolsas cubriéndoles las manos hasta los codos.
Según explicó un agente de la Policía, las bolsas cumplen una función clave: preservar posibles residuos de disparo mientras el CTI de la Fiscalía practica una prueba fundamental cuando se capturan a los responsables de un homicidio en flagrancia.
El examen se conoce técnicamente como prueba de residuos de disparo (GSR, por sus siglas en inglés). Consiste en la recolección de partículas microscópicas que se liberan al accionar un arma de fuego. Para hacerlo, un perito adhiere cintas o discos especiales en la palma y el dorso de las manos del sospechoso —y en algunos casos en muñecas, antebrazos o prendas—. Las muestras se analizan luego en laboratorio mediante microscopio electrónico de barrido.
“La prueba no demuestra por sí sola que una persona haya disparado un arma, pero sí constituye un elemento indiciario importante dentro del proceso investigativo”, explicó el agente. Cualquier lavado, roce o contacto previo podría alterar los resultados, de ahí las bolsas.
Este procedimiento forma parte del trabajo que se realiza en el laboratorio de criminalística que opera en Cali, una casa en el sur de la ciudad donde permanecen funcionarios de Policía Judicial, la Fiscalía y Medicina Legal. Allí se aplican distintas ciencias forenses para reconstruir los crímenes en una ciudad donde, en promedio, se registran cerca de mil homicidios al año.
Entre las herramientas utilizadas está BlueStar, un reactivo químico capaz de revelar rastros microscópicos de sangre incluso cuando han sido lavados o permanecieron enterrados durante meses. También la dactiloscopia, que permite identificar huellas latentes en objetos cotidianos y contrastarlas con bases de datos nacionales, y la balística forense, que trata a cada proyectil como una huella única del arma que lo disparó.
A esto se suma el trabajo de Medicina Legal, que analiza trayectorias, distancias y patrones de las lesiones para determinar cómo ocurrió un ataque y si hubo intervención de terceros, así como disciplinas menos visibles pero determinantes, como la grafología y la topografía judicial.
En el caso de El Peñón, las bolsas en las manos no eran un detalle menor ni una puesta en escena: eran la primera medida para proteger una prueba silenciosa, invisible, pero potencialmente decisiva en el camino para establecer responsabilidades penales por el homicidio.