Este martes, día de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, será enviado a Estados Unidos Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la banda La Inmaculada que opera en el centro del Valle del Cauca.
El operativo habría sido ordenado desde el suelo norteamericano por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por lo que se espera que se haga efectivo en la madrugada del 3 de febrero, pese a que estaba previsto para el jueves.
La determinación estaría relacionada con la negativa de la Corte Suprema de Justicia a los más recientes recursos presentados por la defensa de Marín Silva, con los que se pretendía frenar el avance del proceso.
A lo anterior se suma la reciente solicitud del presidente Petro sobre la extradición del poderoso criminal, el cual denunció presuntos sobornos por parte del detenido hacia los funcionarios judiciales.
El Jefe de Estado le hizo la vehemente exigencia a su ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Tiene usted la orden del Presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tuluá”, le dijo.
Según mencionó, ‘Pipe Tulua’ es señalado responsable de un presunto intento de “comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse en territorio nacional”. Ante ello, agregó: “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.
Ni pena de muerte ni cadena perpetua
La Embajada de Estados Unidos garantizó formalmente al Gobierno colombiano que ‘Pipe Tuluá’ no será sometido a la pena de muerte ni a cadena perpetua una vez se materialice su extradición para responder por tres cargos de narcotráfico ante una Corte del Distrito Este de Texas.
A través de la nota diplomática No. 0150, fechada el 30 de enero de 2026, la misión diplomática respondió a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las condiciones de entrega del nacional colombiano.
El documento especificó que, aunque la pena máxima legal para los cargos es la reclusión vitalicia, “la sentencia de prisión perpetua no será solicitada ni impuesta si Marín Silva es extraditado a los Estados Unidos”.
Frente a la posibilidad de la pena capital, la Embajada aclaró que, de conformidad con las leyes penales estadounidenses, “la pena de muerte no es una sanción autorizada para los delitos por los cuales se solicitó la extradición”, motivo por el cual no podrá ser requerida en este caso.
El texto diplomático aseguró que Marín Silva no será sometido a “desaparición forzada, destierro, torturas, ni a tratos o penas crueles e inusuales, trato inhumano o degradante”, ni a la confiscación ilegal de bienes, reafirmando su compromiso de respeto hacia el procesado.