Un nuevo capítulo se abrió en el proceso judicial que involucra a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Este viernes 30 de octubre de 2026, un juez de segunda instancia ordenó que el investigado sea trasladado a un establecimiento carcelario, luego de revocar la medida de detención domiciliaria que le había sido concedida a comienzos de octubre.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que resolvió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas, quienes cuestionaron que Quintero continuara privado de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza la investigación.
Con esta determinación, el despacho modificó parcialmente la decisión del pasado 2 de octubre, cuando un juez de control de garantías había dispuesto que el procesado cumpliera la medida de aseguramiento en su domicilio.
Ahora, la orden es que permanezca en un centro de reclusión. Para hacer efectiva la decisión, se dispuso expedir la correspondiente boleta de encarcelación y adelantar los procedimientos necesarios para su traslado.
¿Por qué investigan al hermano de Daniel Quintero?
El proceso contra Miguel Quintero está relacionado con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en Antioquia.
Los contratos, cuyo valor conjunto supera los 17.000 millones de pesos, están bajo investigación por un supuesto direccionamiento irregular y posibles beneficios económicos indebidos.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Quintero habría intervenido en los procesos contractuales pese a no tener un cargo ni una vinculación formal con el Área Metropolitana que le permitiera participar en esas decisiones.
El ente acusador investiga si habría ejercido influencia sobre funcionarios y contratistas para favorecer determinadas actuaciones administrativas y contractuales.
La Fiscalía también sostiene que las presuntas irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos.
Por estos hechos, Miguel Andrés Quintero Calle fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El procesado no aceptó los cargos.
La discusión judicial se concentró en el lugar donde Quintero debía cumplir la medida de aseguramiento.
El pasado 2 de octubre, un juez de primera instancia consideró procedente la detención domiciliaria. Sin embargo, la Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaron esa determinación al considerar que la privación de la libertad debía cumplirse en un establecimiento carcelario.
En la revisión del caso, el juez de segunda instancia acogió los argumentos que sustentaban la necesidad de modificar el lugar de reclusión.