La grave situación de orden público en zonas rurales de San José del Guaviare genera desplazamientos, confinamientos y temor entre las comunidades campesinas e indígenas debido a los intensos enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley que operan en esta región del país.
En las últimas horas, varias familias llegaron al casco urbano de San José del Guaviare luego de huir de intensos combates registrados en jurisdicción de los corregimientos de Charras y Boquerón, donde se enfrentan hombres de las disidencias lideradas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco.
Las personas desplazadas arribaron con pocas pertenencias y en medio de una compleja situación humanitaria. Según denunciaron líderes comunitarios, muchas familias llegaron sin alimentos, sin acceso a atención médica y con temor de regresar a sus territorios ante posibles retaliaciones de los grupos armados.
De acuerdo con testimonios recopilados por habitantes de la zona, la salida de las comunidades se produjo en medio de fuego cruzado y amenazas directas contra quienes se negaran a colaborar con las estructuras ilegales que se disputan el control territorial.
La crisis también afecta gravemente a las comunidades indígenas asentadas en sectores cercanos a Mapiripán, cuyos líderes denunciaron un incremento en los casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Según las alertas emitidas por las autoridades comunitarias, niños y adolescentes estarían siendo sacados de los resguardos indígenas para ser incorporados a las filas de los grupos armados en confrontación.
Mientras tanto, más de 3 mil habitantes de sectores como Barranco Colorado, Charras y otros centros poblados rurales permanecen confinados debido a los enfrentamientos armados, situación que limita la movilidad, el abastecimiento de alimentos y el acceso a servicios básicos.
Frente a esta emergencia, la Cuarta División del Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en distintos puntos rurales del departamento del Guaviare, especialmente en zonas como Resbalón, Boquerón, Filo de Hambre, Caño Negro, Charras y Puerto Alvira.
A través de un comunicado oficial, la institución señaló que las operaciones militares buscan proteger a la población civil, fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en medio de la confrontación armada.
Las autoridades continúan monitoreando la situación humanitaria en esta región del país, mientras organismos sociales y líderes comunitarios hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender a las familias desplazadas y evitar una mayor afectación a la población civil.