Durante aproximadamente dos años, una organización delincuencial al parecer utilizó las principales carreteras de acceso y salida de Bogotá para tender trampas a conductores y pasajeros. Su estrategia consistía en provocar daños en los neumáticos de los vehículos para obligar a sus ocupantes a detenerse y, posteriormente, sorprenderlos con hombres armados.
La investigación adelantada por la Dirección de Tránsito y Transporte permitió establecer, preliminarmente, que Los Pinchallantas estarían relacionados con al menos nueve casos, con 21 víctimas y afectaciones económicas estimadas en cerca de 750 millones de pesos. En el operativo fueron capturadas once personas mediante doce diligencias de allanamiento realizadas en las ciduades de Bogotá y Soacha.
Uno de los casos que permitió dimensionar la violencia empleada por esta estructura ocurrió a finales de abril de 2026, en inmediaciones del peaje de Mondoñedo. Una familia que se movilizaba hacia la capital tuvo que detenerse luego de advertir que uno de los neumáticos de su camioneta estaba averiado.
La situación se presentó mientras llovía y el conductor, acompañado por su esposa y uno de sus hijos, descendió del automotor para intentar solucionar el problema. La aparente falla mecánica terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando seis hombres que se desplazaban en motocicletas aparecieron y rodearon el vehículo.
Los delincuentes aprovecharon la soledad del sector y la oscuridad para reducir a la familia. Los obligaron a permanecer dentro de la camioneta, donde fueron golpeados y amenazados, antes de trasladarlos hasta un sitio de excavación ubicado en jurisdicción de Soacha.
En ese lugar permanecieron retenidas siete personas, incluidos dos menores de edad y dos adultos mayores. De acuerdo con la investigación, fueron obligados a quitarse los zapatos, amarrados y sometidos durante aproximadamente siete horas bajo condiciones extremas de frío, lluvia y barro.
La situación se agravó cuando los delincuentes comenzaron a revisar los teléfonos celulares de las víctimas y sus aplicaciones financieras. Los agresores pretendían acceder a las cuentas bancarias y utilizaron mecanismos de reconocimiento facial, además de exigir las claves de seguridad para realizar transferencias.
En medio de la presión, algunas de las mujeres fueron golpeadas en el rostro y la cabeza con los mismos teléfonos celulares porque, debido al estado de nerviosismo y temor, no lograban recordar las contraseñas solicitadas por los delincuentes.
La retención se extendió hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada. Varias de las víctimas presentaron síntomas asociados a hipotermia, mientras una adulta mayor sufrió una lesión en uno de sus brazos. La familia también denunció que una niña de ocho años quedó profundamente afectada y presentó un estado de mutismo después de la experiencia.
La camioneta fue posteriormente localizada abandonada en Soacha. Una de las víctimas describió la experiencia como un episodio marcado por el miedo, la impotencia y la angustia. Para la madre de familia, uno de los momentos más dolorosos fue observar el terror de sus hijos mientras ella no encontraba la manera de protegerlos.
Las autoridades establecieron que aquel episodio no habría sido un caso aislado. Días después, el 3 de mayo, fue reportada la retención de por lo menos 15 personas y el robo de tres vehículos en una carretera veredal que comunica a Soacha con La Mesa.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que los grupos delincuenciales habrían comenzado a desplazarse hacia corredores rurales con el propósito de evitar los controles instalados en las principales vías del departamento.
Las pesquisas permitieron identificar un patrón de actuación en diferentes corredores. Entre ellos aparecen las carreteras La Mesa–Bogotá, Bogotá–Villavicencio y Bogotá–Tunja, donde los delincuentes presuntamente utilizaban tachuelas, puntillas y tubos modificados con elementos cortopunzantes para provocar daños en las llantas.
Los integrantes de la organización escogían principalmente sectores con poca iluminación, zonas boscosas y tramos con escasa presencia de otros vehículos. Una vez conseguían que el conductor se detuviera para verificar el daño, aparecían armados y asumían el control de la situación.
Las víctimas eran llevadas a lugares apartados, donde eran inmovilizadas mientras los delincuentes se apoderaban de dinero, objetos de valor, documentos y teléfonos celulares. En algunos casos, además, los vehículos también eran hurtados.
Pero el objetivo económico de la organización no terminaba en las pertenencias que llevaban los viajeros. Los investigadores encontraron que los delincuentes también buscaban acceder a tarjetas bancarias, billeteras digitales y aplicaciones financieras instaladas en los celulares.
Según explicó Jorge Emilio Rey, los integrantes de la estructura incluso utilizaban datáfonos para intentar extraer recursos de las víctimas. Bajo intimidación, las personas eran obligadas a entregar sus claves o realizar operaciones que permitieran trasladar y retirar el dinero.
La coincidencia entre los métodos utilizados, los horarios, los corredores viales y las características de las denuncias permitió a los investigadores conectar varios de los casos. A partir de labores de inteligencia y Policía Judicial se reconstruyó progresivamente el funcionamiento de la organización.
Durante la investigación fueron identificados los presuntos roles de sus integrantes y la participación que habrían tenido en diferentes hechos. También se estableció una posible relación con otra estructura dedicada al hurto de vehículos de carga y al asalto de transportadores.
La información recopilada fue puesta en conocimiento de un juez, quien posteriormente autorizó las órdenes de captura. La fase operativa se desarrolló mediante 12 registros y allanamientos realizados de manera simultánea en diferentes puntos de Bogotá y Soacha.
En los procedimientos fueron encontrados cuatro datáfonos, una camioneta, un arma traumática, 16 teléfonos celulares y varios tubos con punta que serían utilizados para averiar los neumáticos de los vehículos. También fueron hallados zunchos que, de acuerdo con los investigadores, podían ser empleados para inmovilizar a las víctimas.
En el operativo participaron efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado n.º 10 Tequendama del Ejército, la Sijín, el COPES de la Policía, la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y el CTI de Cundinamarca.
Los 11 capturados quedaron a disposición de la justicia y deberán responder por delitos como secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, además de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
Será la administración de justicia la encargada de establecer la responsabilidad individual de cada uno de los procesados y determinar su participación en los hechos investigados.
“Hemos desarticulado a la banda criminal ‘Los Pinchallantas’”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey al presentar los resultados de la operación. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la investigación continuará para establecer si existen más víctimas y determinar la participación de los capturados en otros casos.
Uno de los objetivos es verificar posibles conexiones con hechos registrados recientemente en la Autopista Norte, donde se habría utilizado un procedimiento similar para obligar a conductores a detenerse y posteriormente asaltarlos.
La operación ‘Escudo de La Sabana’ también permitió afectar a otra organización denominada ‘Los Rápidos’, integrada, según las autoridades, por seis personas que habrían utilizado una ambulancia para simular accidentes de tránsito en el corredor Mosquera–Girardot.
La estrategia consistía en generar una situación que llamara la atención de los conductores y provocara su detención para luego intimidarlos con armas y apoderarse de sus vehículos y mercancías.
La investigación contra esta segunda estructura se originó tras el asalto ocurrido el 12 de noviembre de 2025 a un vehículo que transportaba aproximadamente 20 toneladas de elementos tecnológicos, cuyo valor fue calculado en unos 2.000 millones de pesos.
La reacción de la Policía de Tránsito permitió recuperar tanto el automotor como la mercancía. Posteriormente, las autoridades avanzaron en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de otros posibles hechos relacionados.
Cinco diligencias de allanamiento, coordinadas con la Fiscalía 4 Especializada de Estructura y Apoyo, permitieron avanzar contra los seis presuntos integrantes de ‘Los Rápidos’, quienes ya se encontraban recluidos en establecimientos carcelarios.
Durante este procedimiento también fueron objeto de comiso dos vehículos de carga y la ambulancia que, según la investigación, habría sido utilizada para ejecutar los asaltos. Con ambos golpes, el balance de la operación ‘Escudo de La Sabana’ ascendió a 17 capturados.
Para las víctimas, sin embargo, las capturas representan apenas una parte del proceso. El impacto de las agresiones permanece en quienes fueron retenidos, golpeados y amenazados durante aquellas noches.
Una de las personas afectadas destacó el trabajo de los investigadores y aseguró que asumieron el caso durante meses hasta conseguir resultados. Para la madre atacada en abril, saber que las autoridades continuaron investigando significa que aquella experiencia no fue olvidada y que ahora existe la posibilidad de que los responsables respondan ante la justicia.