Las autoridades llevaron a cabo la extinción de dominio de 219 bienes muebles e inmuebles que pertenecerían a alias Mario Bros, del ‘Clan del Golfo’; Phanor Arizabaleta, exintegrante del ‘Cartel de Cali’; y señalados cabecillas de La Terraza, La Oficina y La Cordillera.Los bienes, ocupados por la Fiscalía en ocho departamentos, están avaluados en cerca de 260 mil millones de pesos y son parte del patrimonio ilícito de presuntos cabecillas de estructuras criminales.La incautación de estos inmuebles se hizo en diligencias en 31 municipios del país. Según informó Liliana Patricia Donado Sierra, directora especializada de extinción del derecho de dominio, estas acciones hacen parte de la estrategia ‘Argenta’, para afectar las finanzas de la delincuencia, las organizaciones criminales y las redes narcotraficantes.
Los cabecillas detrás de estos bienes
Del total de bienes, 102 pertenecían a Mario Elver Garzón Escobar, alias Mario Bross’, enlace principal entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.Alias Mario Bross fue enviado a la cárcel el pasado mes de febrero. Las autoridades lograron determinar que enero y marzo de 2019, este hombre habría sido designado por el máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, ‘Otoniel’, para que manejara los contactos con otras estructuras delictivas y coordinara el envío de cocaína a exterior.Asimismo, fue encargado de administrar los recursos producto de esta actividad, y destinarlos a la constitución de empresas fachada y compra de bienes en diferentes regiones.Lea también: Envían a la cárcel a dos integrantes de una red de tráfico de estupefacientes en YumboLa Fiscalía también encontró una sociedad que estuvo al servicio de Phanor Arizabaleta Arzayús, exintegrante del Cartel de Cali, y su núcleo familiar.Arizabaleta, capo que murió en 2016, llegó a ser pieza clave en la legalización de insumos importados por los hermanos Rodríguez Orejuela para producir clorhidrato de cocaína y, posteriormente, manejó todas las acciones de secuestro y extorsión del Cartel de Cali, donde también hizo parte de la cúpula junto con José ‘Chepe’ Santacruz Londoño y Helmer ‘Pacho’ Herrera.Las autoridades revelaron que otro de los propietarios de estos bienes es Jaime Quintero Carvajal, quien regresó a Colombia en 2017, tras cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Según las investigaciones, el hombre intentó recuperar sus bienes por la fuerza, entre estos, lotes en Candelaria, Valle del Cauca, que aparecían a nombre de algunos de sus familiares.Le puede interesar: Desarticulan red que usaba extranjeros para traficar cocaína desde Cali, Bogotá y Cúcuta
De acuerdo con la información de la Fiscalía, entre los propietarios aparecen otros líderes de estructuras: Ever Alexis Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador, con los carteles de la droga de México; Gonzalo Santiago Barreto, condenado por el Tribunal Correccional de Luxemburgo a 10 años de prisión, en noviembre de 1994, y Alfredo Rivas y María Esperanza González Herrera, sentenciados en España por distribuir estupefacientes.Otras propiedades decomisadas pertenecían a cabecillas de La Cordillera, que adquirieron predios en Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Bogotá, entre 2005 y 2008. Según la Fiscalía, esta ofensiva también afectó a presuntos auspiciadores del tráfico de drogas para las organizaciones criminales La Terraza y La Oficina.
Actualización del caso
A través de un derecho de petición presentado por Ever Alexis Santander Prado, a varios medios de comunicación, incluido El País, solicita la actualización de información pública relacionada con un proceso penal y de extradición que, según los documentos aportados, fue desestimado por la justicia de Estados Unidos y cerrado en Colombia sin sentencia condenatoria.
De acuerdo con lo señalado, Santander Prado fue vinculado en 2018 al caso No. 1:18-CR-00183-LMB, tramitado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, lo que dio lugar a una solicitud de extradición elevada a Colombia.
En cumplimiento de ese trámite, la Fiscalía General de la Nación expidió una orden de captura con fines de extradición el 24 de agosto de 2018, la cual se hizo efectiva el 27 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.
El documento indica que el 29 de septiembre de 2021, la jueza Leonie Brinkema ordenó desestimar la acusación en ese proceso penal y autorizó la divulgación de dicha decisión a las autoridades competentes, incluidas las extranjeras, con el fin de facilitar el retiro de la solicitud de extradición. Estas decisiones judiciales, fechadas el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2021, fueron anexadas al derecho de petición.
Como consecuencia de lo anterior, el 14 de octubre de 2021 la Fiscalía General de la Nación canceló la orden de captura con fines de extradición y expidió la boleta de libertad correspondiente. Asimismo, el escrito señala que procesos de extinción de dominio adelantados en Colombia sobre bienes del solicitante —bajo el radicado SPOA 110016099068202100383 ED— fueron archivados tras acreditarse el origen lícito de los bienes, con levantamiento de las medidas cautelares y restitución de los mismos.
En el derecho de petición se advierte que, pese a esas decisiones, persisten publicaciones y registros que continúan asociando su nombre con investigaciones ya concluidas.