La investigación judicial por las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional, avanza hacia una nueva etapa. La Fiscalía General de la Nación adelanta audiencias para solicitar una medida de aseguramiento contra el contratista Carlos Martín Uribe Forero, quien aparece entre las personas vinculadas al proceso.
El caso está relacionado con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, celebrado entre el Ministerio de Defensa y la compañía estadounidense Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares. El objeto del acuerdo contemplaba el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
La Fiscalía sostiene que durante el proceso de adjudicación del contrato se habrían presentado actuaciones irregulares. Dentro de la investigación también figura Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, contra quien igualmente fue solicitada una medida de aseguramiento.
Según la hipótesis presentada por el ente acusador durante las audiencias, Carlos Martín Uribe Forero se habría concertado con Suárez Soto para que Vertol Systems obtuviera el contrato. La Fiscalía sostiene que la empresa presuntamente no contaría con la idoneidad, experiencia y capacidad técnica y financiera necesarias para ejecutar las actividades previstas en el acuerdo.
El proceso involucra además a otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos se encuentra Hugo Alejandro Mora Tamaño, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, entonces director de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, quien era comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.
El expediente también contempla una actuación relacionada con Diego Manrique, considerado testigo clave dentro de la investigación contra Suárez Soto. Se trata de una práctica de prueba anticipada mediante la cual se busca que su testimonio sea recibido nuevamente ante un juez.
Esta actuación tiene relevancia porque Manrique cuenta con un principio de oportunidad dentro de las investigaciones relacionadas con el caso; cuando existe el riesgo de que dicho principio pueda vencer antes de que se adelante el juicio, la práctica anticipada permite que el testimonio sea recibido formalmente por un juez y conserve valor probatorio dentro del proceso.
En ese procedimiento, se busca que Manrique exponga ante el juez la información que entregó dentro de su matriz de colaboración, con el propósito de que su declaración quede incorporada como una prueba practicada judicialmente.
Mientras avanzan estas actuaciones, el proceso ya tiene una fecha prevista para la siguiente etapa, el llamado a juicio contra los seis señalados y vinculados está programado para el 23 de septiembre de 2026, a las 10:30 de la mañana.