La Fiscalía General de la Nación abrió investigación y llamó a diligencia de indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera, conocido como Lucho Herrera, y a su hermano Rafael Herrera Herrera, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el 23 de octubre de 2002 y están relacionados con la presunta desaparición de habitantes de predios cercanos a propiedades de la familia Herrera Herrera.
Según el comunicado emitido por la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que los investigados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, con el objetivo de secuestrar a sus vecinos.
La Fiscalía señaló que los cuerpos de dos de las cuatro personas desaparecidas fueron encontrados en 2008 en un terreno ubicado en Silvania, Cundinamarca.
Posteriormente, en diciembre de 2025, los restos fueron entregados a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, realizara las pruebas biológicas necesarias para establecer plenamente su identidad.
Mientras tanto, el ente acusador informó que continúa la búsqueda de las otras dos personas que permanecen desaparecidas en el marco de este caso, como parte de las acciones judiciales y humanitarias en curso.
Diligencia judicial y otros señalamientos
Por estos hechos, la Fiscalía anunció que Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, la cual está programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.
Adicionalmente, el boletín oficial indica que Rafael Herrera Herrera también es vinculado dentro de esta investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, situación que fue conocida en el desarrollo del proceso.
La Fiscalía precisó que el trámite judicial se adelanta conforme a los “parámetros establecidos en la Ley 600 del año 2000″ y recordó que la información divulgada corresponde a hechos noticiosos objetivos suministrados por los funcionarios encargados del caso.
Así mismo, el ente acusador reiteró que la situación jurídica de las personas vinculadas se encuentra pendiente de ser definida por la autoridad judicial competente, en el marco del respeto al debido proceso, por lo que aun se desconoce cuál será el futuro del quien fue un deportista muy destacado del ciclismo nacional.