JEP imputa a 10 exintegrantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra pueblos indígenas; estos son los nombres

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía.

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los hechos ocurrieron entre 1996 y 2016 y afectaron a los pueblos Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw.

La investigación identificó 96 conductas criminales agrupadas en dos patrones de macrocriminalidad y documentó 1.134 victimizaciones atribuidas a los bloques Sur y Oriental, de las cuales 598 corresponden al primero y 536 al segundo.

Los diez comparecientes llamados a reconocer responsabilidad como autores mediatos o por responsabilidad de mando son Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’, y Elmer Caviedes, ‘Albeiro Córdoba’.

Además, Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, ‘Martín Corena’; Darío Lee Díaz, ‘Robledo’; Luis Enrique Montes, ‘Euclides Bermúdez’; Gustavo Cuéllar Pajoy, ‘Manuel Político’, y Liberman Imbachi Chilito, ‘Norbey Ramírez’.

De acuerdo con la investigación, el primer patrón de macrocriminalidad identificado correspondió a crímenes contra la autodeterminación, la autonomía, la cultura y el gobierno propio de los pueblos indígenas, relacionados con el control social y territorial ejercido por la guerrilla.

La Sala estableció que las antiguas Farc atacaron a autoridades tradicionales, líderes, docentes, sabedores y médicos ancestrales que consideraban contrarios a sus intereses, y los señalaron de colaborar con el enemigo. Estas prácticas derivaron en homicidios, masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados.

Entre los hechos documentados está la masacre ocurrida el 25 de julio de 1997 en el resguardo San Luis, en el municipio de Milán, Caquetá, donde, según la investigación, integrantes de los frentes 15 y 49 de las antiguas Farc separaron a los miembros de la comunidad siguiendo una lista y asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros indígenas, entre ellos el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.

Meses después, el 4 de septiembre, fueron asesinados cuatro hombres en el resguardo de San José del Cuerazo, entre ellos la autoridad tradicional Alejandro Piranga Pizarro. Ambos hechos provocaron desplazamientos y afectaron las estructuras de gobierno del pueblo Korebajü.

El segundo patrón identificado correspondió a crímenes cometidos en el marco de las hostilidades, en los que la JEP documentó el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos en territorios indígenas, así como ataques que afectaron de manera desproporcionada a la población civil y daños ambientales causados por atentados contra oleoductos.

Uno de los casos registrados ocurrió el 21 de diciembre de 2012, cuando María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona o Zio Bain, murió al activar una mina antipersonal.

Asimismo, en territorio hitnü, en Arauca, la investigación documentó que una niña de ocho años resultó gravemente herida por una mina en 2007 y que, entre 2008 y 2009, otros integrantes de la comunidad fueron víctimas de estos artefactos.

Cabe resaltar que estas decisiones del tribunal transicional suceden simultáneamente cuando se enfrenta a la reducción de gran parte de sus recursos para el Presupuesto General de la Nación del año 2027.

*Con información de Colprensa y redacción de El País