Tribunal Superior Militar sale en protesta contra la JEP por señalamientos de magistrada sobre presunto mecanismo de encubrimiento

El Tribunal Superior Militar y Policial, que hace parte de la Justicia Militar colombiana, emitió un pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La togada, en una entrevista concedida al diario El Espectador, afirmó que la Justicia Penal Militar ha funcionado como un “mecanismo de encubrimiento” en casos judiciales que han procesado a miembros de la Fuerza Pública por graves violaciones a los derechos humanos.

La corporación militar judicial le pidió al tribunal de la justicia transicional aportar pruebas que respalden la afirmación de la magistrada Díaz. Aunque dicen que respetan el trabajo y la independencia de la JEP, cuestionó la generalización hacia la Justicia Penal Militar.

“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, expresó.

Además, el tribunal, entre los párrafos de su comunicado, puso como evidencia que durante los últimos cuatro años la Justicia Penal y Militar ha emitido varias sentencias en segunda instancia, de las cuales 536 han sido condenatorias y 135 absolutorias.

Estos no han sido solo por delitos militares, sino también comunes como homicidios, lesiones personales, delitos contra la administración pública, entre otros. Al exponer dichas cifras, demostraron que entre 2022 y 2026 han emitido más sentencias que las de la JEP.

“Son cifras que difieren meridianamente de las emitidas por la JEP en más de 8 años de funcionamiento. La Justicia Penal Militar y Policial tiene raigambre constitucional y en todos los casos actuamos bajo los principios de autonomía, independencia e imparcialidad y el debido respeto a los derechos humanos y al DIH”.

A la magistrada Díaz Gómez la invitaron a presentar pruebas y denuncias de sus afirmaciones ante las autoridades competentes y que apruebe datos sobre los funcionarios judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial que presuntamente encubrieron los procesos judiciales contra integrantes de la Fuerza Pública, ya que consideran que afecta el buen nombre de su jurisdicción.

En el final de su misiva, el Tribunal Superior Militar y Policial lanzó un contundente mensaje a la JEP de que va a seguir cumpliendo sus funciones constitucionales con un presupuesto inferior al del tribunal transicional.

Lo anterior se hace teniendo en cuenta que en el debate del Presupuesto General de la Nación para el 2027 se busca reducir $170.000 millones destinados a la JEP, lo que ha desatado protestas por parte de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli.

“La Justicia Penal Militar y Policial continuará, con un presupuesto minúsculo comparado con el de la Justicia Especial para la Paz, cumpliendo su mandato constitucional con transparencia y verdadero sometimiento a la ley”, puntualizó.