La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el escándalo de los pasaportes durante la gestión del excanciller Álvaro Leyva.
Según el ente acusador, Salazar Ramírez será imputado por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público por su presunto involucramiento en decisiones tomadas en medio del proceso contractual con la expedición de pasaportes.
Los hechos puntuales serían actuaciones que contribuyeron a reactivar una licitación que en el pasado fue declarada desierta y después el contrato se adjudicó a la única empresa que estuvo participando de la convocatoria.
La Fiscalía asegura que Salazar habría participado de la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de 2024 cuando Leyva se encontraba suspendido como canciller por la Procuraduría. Los actos administrativos revocaron las decisiones del exministro de Relaciones Exteriores en declarar desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por casi medio billón de pesos.
“De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”, señala el ente investigador en sus reportes de la investigación penal contra el exfuncionario del Gobierno Nacional.
Las resoluciones que se expidieron posteriormente permitieron el restablecimiento del proceso para que siguiera con su curso administrativo. Por lo tanto, la Fiscalía considera que hay pruebas y elementos suficientes para vincular al exsecretario de la Cancillería a la investigación e imputarle los dos delitos antes mencionados.
La audiencia judicial para la acusación oficial está programada para el próximo miércoles 10 de junio del 2026 ante un juzgado de control de garantías de Bogotá. Allí, el fiscal investigador se encargará de presentar ante el juez la exposición de los hechos por los que imputará cargos al señalado.
Por el momento, se descarta que el ente acusador pida una medida de aseguramiento contra José Antonio Salazar, lo que significa que enfrentará este proceso judicial en libertad.
Vale recordar que el exministro Álvaro Leyva ya se encuentra acusado por estos mismos hechos desde diciembre de 2025, cuando la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción ante la Corte Suprema de Justicia. La razón principal fue por declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en el 2023.
Además, Leyva habría expedido tres actos administrativos que al parecer eran contrarios a la normativa vigente durante el desarrollo de la licitación 001 de 2023. Actualmente, ya está en juicio ante el alto tribunal.