Álvaro Leyva, excanciller de Gustavo Petro, es acusado formalmente por irregularidades en la licitación de pasaportes

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, una de las figuras más controversiales dentro de la administración de Gustavo Petro, ha sido acusado formalmente por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, a propósito de irregularidades en el proceso de licitación con el que se definiría el suministro de pasaportes en Colombia.

Así lo dio a conocer la jueza que lleva el caso: “La Sala declara formalmente acusado al doctor Álvaro Leyva Durán, anterior ministro de Relaciones Exteriores, como autor del concurso eventual de prevaricato por acción”.

Según la Fiscalía General de la Nación, quien llegó a ser una de las figuras más cercanas al presidente profirió tres actos administrativos que eran contrarios a la ley, con el propósito de “obstruir” la licitación 001 de 2023, con la que se buscaba la “expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026″.

El valor de dicha licitación era de $559.000 millones.

La Fiscalía ofreció más detalles: “Leyva Durán emitió una resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros participantes. Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes”.

Este asunto ha sido la piedra angular del cambio en la relación entre Leyva y Petro, producto de lo cual su relación se ha deteriorado hasta el punto de que en su momento fuera acusado de conspirar para provocar un golpe de Estado en contra del mandatario, razón por la que salió del país hacia España.

Cabe señalar que Leyva fue llamado a juicio semanas atrás. Frente a esto, emitió un comunicado oficial en el que cuestionó fuertemente la decisión, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y afirmó que dará batalla en la Corte Suprema.

Leyva defendió su actuación al declarar desierta una licitación, decisión que, según afirmó, tomó en cumplimiento de la Constitución y con el objetivo de garantizar condiciones de legalidad e igualdad.

“Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución que yo mismo ayudé a redactar y, por buscar la igualdad, obré con dolo. El mundo al revés. Entiéndase la gravedad: si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso”, se lee en la carta.