En la mañana de este martes, 9 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de prevaricato por acción al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en el marco de las irregularidades relacionadas con el proceso de licitación de pasaportes.
El ente acusador señaló que “este ya había adquirido el derecho a la adjudicación del mérito. Con este acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró por igual el número 8º del artículo 24 de la ley 80-1993, todo este acto a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores”.
Conforme detalló la funcionaria, el abuso de poder y del cargo se presentó cuando el exministro reasumió la dirección de dicho proceso de licitación pública, puesto en el que habría emitido varios actos administrativos contrarios a la ley.
“Esa desviación de poder ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 0 0 1 2023 con la única finalidad de no acceder a la jurisdicción del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su modo rotatorio, así como de suscribir los actos contractuales que se derivan de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio”, detalló el ente.
Entre los procesos investigados se encuentra la licitación pública destinada a contratar la personalización, custodia, distribución e impresión de pasaporte.
La Fiscalía señaló que “la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes presentó falsa motivación”.
Detalles del caso de pasaportes
El caso se remonta a 2023, cuando la Cancillería declaró desierta la licitación del contrato que tradicionalmente había sido adjudicado a la empresa que venía prestando el servicio por años. Esta decisión generó una crisis en la expedición de pasaportes que afectó a miles de ciudadanos colombianos.
Después de la polémica, en septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Leyva.
El órgano de control determinó que el exfuncionario declaró desierta la licitación sin fundamentos válidos y vulneró principios fundamentales de la contratación pública, como la selección objetiva, la economía y la transparencia, al ignorar que existía un oferente habilitado para ejecutar el contrato.
Y ahora, con la nueva decisión, Leyva suma un nuevo señalamiento a su historial, esta vez por prevaricato por acción. No obstante, por el momento se desconoce si el ente judicial solicitarán medidas cautelares contra el exfuncionario.