Tras la aprobación de plazo otorgado por el Tribunal Superior de Bogotá a finales del pasado mes de noviembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que ya radicó la demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia en contra del fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Así lo hizo Marlene Orjuela, fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien a través de un documento de 108 páginas pide revivir la condena a 12 años de prisión en primera instancia contra el exmandatario emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Para la fiscal del caso, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hicieron caso omiso a una gran cantidad de pruebas presentadas durante el juicio supervisado por la juez Sandra Heredia, que demostrarían la culpabilidad de Uribe Vélez.
“He tenido el cuidado de exponerles los graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio en favor del doctor Álvaro Uribe, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas”, explicó la delegada del ente acusador.
Al mismo tiempo, advirtió que hubo una evaluación errónea de varias de las declaraciones de los testigos y las pruebas técnicas en las audiencias del juicio que tuvieron lugar en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.
Otros de los puntos clave del recurso de casación por parte de la Fiscalía son las interceptaciones a las comunicaciones telefónicas del líder político del Centro Democrático. La fiscal Orjuela considera que el tribunal capitalino desconoció el principio constitucional de la buena fe por contemplar que hubo un interés indebido de los agentes del CTI que interceptaron el celular del expresidente Uribe.
Frente a lo anterior, el ente acusador se ratifica de que ese acto fue un error humano y razonable de los funcionarios porque confundieron el número telefónico de Nilton Córdoba, excongresista que estaba siendo investigado por el ‘Cartel de la Toga’. En consecuencia, pide que se mantenga como pruebas las interceptaciones telefónicas que fueron validadas en el fallo de la juez Heredia al considerar que más allá del error, había indicios de que se estaba cometiendo un posible delito.
Es de resaltar que la bancada de las presuntas víctimas de este proceso judicial hace dos días ya radicó recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Esta parte al igual que la Fiscalía, busca que el exjefe de Estado nuevamente sea condenado, esta vez por la Corte Suprema de Justicia siempre y cuando admita la solicitud.