La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha decidido revocar la medida de aseguramiento contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El exfuncionario del Gobierno Petro recuperará su libertad tras estar preso desde diciembre del 2025 en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en el oeste de Cali.
A diferencia del vencimiento de términos, como en el caso del exministro Ricardo Bonilla, quien está vinculado en el mismo proceso judicial por parte de la Fiscalía, la Corte, en respuesta a una tutela de Velasco, consideró que el Tribunal Superior de Bogotá vulneró el debido proceso del exjefe de la cartera política.
La principal razón del alto tribunal es que la magistrada Aura Alexandra Rosero se excedió al decidir su detención en un centro carcelario y no en su domicilio, como lo había solicitado el ente acusador durante la imputación de cargos.
“Ordenar a la magistrada con función de control de garantías a cargo de la primera instancia en el asunto antes referido que, una vez le sea notificada esta decisión, emita inmediatamente las órdenes derivadas de la pérdida de efectos de la citada medida de aseguramiento”, se lee en la decisión de la Corte Suprema.
Aunque se revoca la detención preventiva, el proceso judicial seguirá en marcha, lo que significa que Velasco podrá defenderse durante el juicio en libertad sin la necesidad de que esté encerrado en su residencia. Lo mismo aplica para el exministro Bonilla.
Además, la Corte apoyó a la Fiscalía cuando en su momento consideró que no existían pruebas, evidencia física o información legalmente obtenida que permitieran inferir un riesgo de fuga, destrucción de material probatorio, manipulación de testigos u otras conductas que pudieran poner en riesgo el proceso.
“No solo se excedieron las competencias del juez de garantías al imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía, cuyo alcance inicial fue coadyuvado por la representación de víctimas y por el Ministerio Público, sino que la determinación se fundamentó en consideraciones propias y abstractas, derivando en una interpretación errónea del régimen constitucional y legal de las medidas de aseguramiento (arts. 307 y 313 de la Ley 906 de 2004) y en aplicación indebida del artículo 68A del Código Penal”.
Así las cosas, ya son tres exfuncionarios del Gobierno Petro que, al ser judicializados por el caso de la Ungrd y que fueron enviados a prisión, recuperan la libertad: Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), Sandra Ortiz (exconsejera presidencial para las Regiones) y Luis Fernando Velasco (exministro de Hacienda).