Exministro Luis Fernando Velasco interpone tutela desde la cárcel alegando violación al debido proceso por casi Ungrd

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presentó esta semana una acción de tutela en medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos que más ha impactado al Gobierno nacional en los últimos años.

De acuerdo con información revelada por Semana, la tutela busca controvertir decisiones adoptadas dentro del proceso que se adelanta en su contra, alegando vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa.

Cabe decir que la acción judicial fue radicada mientras el exfuncionario permanece en la cárcel, y enfrenta acusaciones relacionadas con el supuesto direccionamiento de contratos y proyectos de inversión que, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para obtener apoyos políticos dentro del Congreso.

Y es que se le señala de haber participado en reuniones, impartido directrices y realizado seguimiento a proyectos que terminarían favoreciendo a determinados sectores políticos.

Por ello, la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Alexandra Rosero Baquero, ordenó su reclusión desde el pasado 18 de diciembre de 2025, bajo los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos) e interés indebido en la celebración de contratos.

Una decisión que también fue tomada considerando que Velasco, por la gravedad de los cargos imputados, representaba un peligro para la sociedad y podría afectar a la administración de justicia.

Cabe decir que, en este entramado de corrupción, también está vinculado el exministro Ricardo Bonilla.

“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, indicó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño González.

Todo esto se hizo, según la acusación, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, cuando ambos “se concertaron entre sí, con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias”.

Cabe decir que, tras la emisión de la tutela, el caso ya se encuentra en conocimiento del magistrado Hugo Bernate, quien tiene tanto los conceptos emitidos por la UNGRD como por el despacho tercero del Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.