Por: Por Diego Arias, analista de conflicto y paz
Al lado de la solidaridad con la comunidad de Buenos Aires, Cauca, y el repudio por la acción violenta contra ese municipio, atribuible a una de las disidencias de las Farc (Columna Jaime Martínez), hay que hacer igualmente explícita la gran preocupación que ha surgido por cuenta de la respuesta de las Fuerzas Armadas a ese hecho violento.
Guardadas las proporciones, las imágenes del ataque perpetrado bien pudieran remitir a escenas de la guerra en Ucrania o Gaza, que han tenido como denominador común una extensa destrucción material y afectaciones directas a la población civil, lo cual incluye ver huyendo de los atacantes y los enfrentamientos a familias enteras con mujeres, adultos mayores y niños.
Hace muchos años no se presentaba un ataque de estas características, en el que un grupo armado ilegal pudiera ingresar a un centro poblado a plena luz del día y lograra sostener un violento ataque contra diversos objetivos (incluyendo la sede policial) y manteniendo el control del territorio durante casi diez horas antes de retirarse a la zona montañosa cercana.
El mapa y la dinámica del conflicto armado cambiaron drásticamente después del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con las Farc, lo cual supuso para los ilegales apropiar un modelo de operatividad más fluido, de pequeñas unidades desplegando un diverso repertorio de acciones violentas (uso de explosivos, drones, pequeñas emboscadas, hostigamientos, asonadas), y en todo caso evitando grandes enfrentamientos directos con la Fuerza Pública, en lo que se conoce técnicamente como una guerra de naturaleza “híbrida”.
De manera que los referentes de este tipo de ataques con amplio control de la situación y del territorio se remontan muy lejos, a la década de los años 90 y los primeros años de la década del 2000, cuando en especial las Farc lograron victorias estratégicas sobre las Fuerzas Militares, sobre todo en el sur y el oriente del país. Pero era una escena que se creía ya superada y, sin embargo, vuelve sorpresivamente a ocurrir.
No se entiende aún muy bien la tardanza y precariedad de la respuesta de las Fuerzas Armadas ante esta acción violenta, que tuvo sometida durante muchas horas a la población civil y a las unidades policiales allí asignadas, que resistieron valientemente.
No estamos hablando de un ataque a un lugar en lo profundo de la selva, aislado e “inaccesible”, sino, por el contrario, a uno geográficamente muy cercano, en límites con el Valle del Cauca, a muy pocos minutos en un trayecto aéreo desde Cali y con múltiples posibilidades de acceso terrestre.
Por supuesto, no hay que ser ingenuos pensando en que el grupo ilegal no haya previsto acciones para contrarrestar la llegada del apoyo oficial aéreo o terrestre, pero con todo y eso hay muchas opciones operativas que debieron estar a la mano en las Fuerzas Militares y de Policía para lograr reaccionar no solo de manera pronta, sino segura y eficaz.
Aunque resulte difícil de aceptar, todo este tema de la respuesta militar del Estado remite en particular a graves limitaciones de capacidades: materiales, tecnológicas, operativas y de recursos humanos calificados para reaccionar, a lo cual habría que sumar un déficit de inteligencia táctica, porque ni la planeación ni los preparativos para una acción de este tipo por parte de un grupo armado ilegal debiera pasar inadvertida.
Son demasiados recursos humanos y materiales, así como complejas coordinaciones que esta disidencia tuvo que activar como para que el Estado no se hubiera dado cuenta previamente.
Ojalá no sea este un punto de inflexión en la dinámica de la confrontación que nos devuelva a situaciones que creíamos ya superadas.