La angustia se apoderó de los corazones de los integrantes de la Institución Educativa Gabriela Mistral de Popayán. Uno de sus estudiantes, Jimmy Tosne, menor de edad, está desaparecido desde el pasado viernes 15 de octubre, cuando nunca llegó a clases pese a estar a pocos metros del colegio.
Según relataron docentes y familiares, el joven, quien vive con su familia en la vereda El Paraíso, zona rural de Popayán ubicada a solo 2 kilómetros del casco urbano, tomó como todos los días el transporte hasta el sitio conocido como Mi Vaquita.
Allí se bajó sobre las 6:30 de la mañana e inició a pie el último tramo de su recorrido hacia el colegio, pasando por el sector del Puente Viejo. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.
“Nuestro estudiante no alcanzó a llegar al colegio. Estaba a pocos metros y se lo llevaron. Desde la institución estamos muy preocupados porque todos nuestros estudiantes son muy importantes y nos duele porque es menor de edad y ha estado con nosotros en todo su proceso educativo”, expresaron voceros de la comunidad educativa.
Las primeras versiones apuntan a un presunto reclutamiento forzado por parte de un grupo armado ilegal, al parecer una disidencia de las antiguas FARC. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta hipótesis.
“Presuntamente fue reclutamiento, pero no sabemos mucho. Igual estamos orando y generando reflexiones alrededor de la situación”, señalaron desde el colegio, donde compañeros y profesores adelantan cadenas de oración y jornadas de reflexión por el pronto regreso del menor sano y salvo.
El caso, ocurrido en una vereda periurbana de la capital caucana, confirma una alerta que los organismos humanitarios vienen lanzando desde hace meses: el reclutamiento forzado ya no solo ocurre en el norte o el pacífico caucano, sino que se está expandiendo a las zonas rurales de Popayán, El Tambo, Cajibío y Totoró.
Aunque la guerrilla de las Farc se desmovilizó tras el Acuerdo de Paz de 2016, sus disidencias -principalmente el Frente Dagoberto Ramos Ortiz y el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, además del ELN y la Segunda Marquetalia- se disputan a sangre y fuego los corredores del narcotráfico, la minería ilegal y las rutas de movilidad que atraviesan el Cauca.
Y en medio de esa disputa, los niños, niñas y adolescentes campesinos, indígenas y afrodescendientes son las principales víctimas.
Según la Defensoría del Pueblo, el Cauca es hoy el departamento más afectado por el reclutamiento forzado de menores en Colombia.
Solo en 2023, el organismo documentó más de 300 casos en todo el país, cerca de una tercera parte de ellos en el Cauca. Para el primer semestre de 2024 ya se reportaban más de 190 casos a nivel nacional, con un aumento superior al 70% según alertas de Unicef y de la Misión de Verificación de la ONU.
Indepaz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos coinciden: Cauca, junto con Nariño, Putumayo, Valle y Chocó, concentra más del 75 por ciento de los casos. Municipios como Toribío, Corinto, Suárez, Caldono, Argelia, El Tambo y Balboa aparecen de forma recurrente en los informes. Ahora, Popayán entra con fuerza en ese mapa de riesgo.
La Defensoría ha emitido reiteradas Alertas Tempranas para el centro del Cauca, advirtiendo que los grupos armados utilizan engaños, falsas promesas de dinero, amenazas a las familias e incluso el rapto en caminos veredales y a la salida de los colegios para llevarse a menores de entre 12 y 17 años.
El reclutamiento de menores de 18 años está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 07. En Colombia, el Código Penal lo castiga en su artículo 162 con penas de hasta más de 20 años de prisión.
Más allá de la cifra, el impacto es devastador: deserción escolar, ruptura familiar, trauma psicosocial y proyectos de vida truncados.
Familiares, docentes y compañeros del estudiante de la Gabriela Mistral piden a las autoridades, alcaldía de Popayán, Gobernación del Cauca, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, Icbf, y Defensoría del Pueblo, activar de forma urgente la ruta de búsqueda y de restablecimiento de derechos.
También hacen un llamado a quien tenga información sobre su paradero a comunicarse de inmediato a las líneas 123 de la Policía, 141 del Icbf o a la Defensoría del Pueblo.
“Lo único que pedimos es que nos lo devuelvan con vida. Es un niño, es nuestro alumno, es parte de nuestra familia”, es el mensaje que hoy repite toda la institución.