Según un informe de la Fiscalía, revelado por la revista Semana, el mismo ente acusador habría modificado los delitos imputados contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete, exdirectora del DAPRE, excanciller y exembajadora ante Reino Unido del gobierno Petro, principal involucrada en el escándalo de las pruebas ilegales de polígrafo realizadas a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como su niñera.
El informe, que habría sido redactado por investigadores de la Fiscalía, indica que Sarabia había sido inicialmente imputada por los delitos de empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso, cuyo impacto y penas son mayores. Pero, según Semana, estas pruebas y la imputación habrían sido descartadas por la Fiscalía contradiciendo sus propios hallazgos.
“El actuar de la señora Laura Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia… sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a los miembros de la Policía de su jefatura para la realización de actividades diferentes a la protección de los altos dignatarios del Estado, valiéndose a través de la línea de mando del coronel Feria para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal de la funcionaria”, señala el documento, lo que podría evidenciar la gravedad de su actuación.
El medio plantea, basándose en este informe, que la Fiscalía modificó estos cargos y le imputaron otros de menor importancia que, además, tendrían la posibilidad de prescribir si el proceso judicial no avanza ni se realiza un juicio contra la exfuncionaria.
Semana asegura que los delitos imputados ahora contra Sarabia son por abuso de función pública y hostigamiento ilegal, algo que el abogado de las víctimas está denunciando.
El medio también afirma que la imputación inicial estaba en firme, pero “lo frenaron”, se ralentizó el proceso y luego fue cambiado el fiscal del caso. Fuentes que no identifica Semana, habrían dicho que la Fiscal General conocía esa información.
La investigación que inició en 2023 aún sigue en curso, durante la Fiscalía de Francisco Barbosa y, al parecer, es este informe el que habría sido ignorado por la actual Fiscalía.
“Se está dejando por fuera el delito más grave: peculado. Es claro para la representación de víctimas que este delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna llamada o acercamiento por parte de la Fiscalía y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Wilson Pulido, abogado de la firma WPC y representante de víctimas.