La situación de seguridad en varias zonas de Putumayo y Chocó genera nuevas alertas por las afectaciones a la población civil, la Defensoría del Pueblo informó sobre desplazamientos en Puerto Leguízamo, relacionados con amenazas y restricciones impuestas mediante panfletos, y sobre una serie de ataques con drones registrados en municipios de la subregión del San Juan.
En Putumayo, la Defensoría informó que durante 2026 ha conocido varios panfletos atribuidos a estructuras armadas ilegales con señalamientos y amenazas contra habitantes de las inspecciones de Yurilla y Mecaya, en el municipio de Puerto Leguízamo.
El primer hecho ocurrió el 22 de agosto, cuando circuló un panfleto firmado por los Comandos de la Frontera. En el documento se señalaba directamente que a determinadas personas de la zona, se les declaraba objetivos militares y se les relacionaba con actividades presuntamente vinculadas a la economía de la coca.
Según la información recopilada por la Defensoría, estas amenazas provocaron el desplazamiento de 27 personas hacia el departamento del Caquetá. La entidad señaló que algunas familias decidieron abandonar sus lugares de residencia debido al temor generado por los señalamientos y las amenazas.
La situación volvió a presentarse el 29 de septiembre, cuando circuló un nuevo panfleto atribuido al mismo grupo armado. En esta ocasión se establecieron restricciones a la movilidad por el río Mecaya entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.
El documento también reiteró advertencias sobre la permanencia de personas en la zona y declaró como objetivos militares a algunos integrantes de la comunidad. De acuerdo con la información difundida por la Defensoría, estas nuevas amenazas provocaron el desplazamiento de otras 21 personas hacia Caquetá.
Con ambos hechos, el número de personas desplazadas reportado por la entidad en este caso asciende a 48, la Defensoría advirtió que este tipo de comunicaciones pueden ser utilizadas como mecanismos de intimidación, amenaza y control social sobre la población civil y generar temor en las comunidades, además de afectar los vínculos familiares, comunitarios, sociales y económicos de quienes deben abandonar sus territorios.
En Chocó, la Defensoría del Pueblo reportó entre el martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre varias acciones armadas contra estaciones de Policía y puestos de control en municipios de la subregión del San Juan.
La Defensoría del Pueblo atribuyó estos hechos al ELN y recordó que había advertido previamente sobre el uso creciente de drones por parte de grupos armados ilegales para transportar y lanzar artefactos explosivos.
Asimismo, exigió al ELN respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y abstenerse de realizar ataques indiscriminados o acciones que pongan en riesgo a la población civil y los bienes de carácter civil.
La entidad solicitó, además, que las autoridades competentes adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.