La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que los ataques simultáneos ocurridos en las últimas horas, y que serían de presunta responsabilidad de las disidencias lideradas por Iván Mordisco, no se concentraron únicamente en Cauca y Valle del Cauca.
Según el pronunciamiento, en el departamento de Nariño se registraron hechos violentos que dejaron como saldo el asesinato de cinco personas, en medio de acciones que pusieron en riesgo a la población civil.
Uno de los puntos más críticos se presentó en el corregimiento de El Remolino, en el municipio de Taminango, sobre la Vía Panamericana. Allí se reportaron ataques con artefactos explosivos dirigidos contra la estación de Policía y una estación de servicio.
Estos hechos ocasionaron daños materiales y, de acuerdo con la Defensoría, incrementaron el riesgo para los habitantes del sector. A esto se suma la continuidad de prácticas de control territorial por parte de los grupos armados, evidenciadas mediante marcaciones en vías y otras acciones de intimidación que aumentan la presión sobre las comunidades.
La entidad manifestó su solidaridad con las víctimas y reiteró el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales y locales para que adopten medidas urgentes con enfoque humanitario. El objetivo, indicó, es contener las afectaciones a la población, proteger la vida y reducir los riesgos derivados de la presencia y accionar de los grupos armados en estas zonas del país.
Alertas para el Cauca y el Valle
Estas alertas se dan en medio de las advertencias al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales tras los ataques con explosivos registrados en el suroccidente del país; la Defensoría insistió en la necesidad de atender las alertas tempranas que, según la entidad, ya contemplaban este tipo de ataques.
La defensora del Pueblo, calificó como “muy preocupante” la situación de orden público en el departamento y señaló que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de riesgos advertidos durante los últimos dos años.
A través de su cuenta en X, la funcionaria aseguró que la respuesta institucional no puede limitarse a la reacción de la Fuerza Pública.
Los pronunciamientos se conocen luego de los atentados ocurridos el 24 de abril en Cali y Palmira. En Cali, un vehículo con cilindros explosivos fue abandonado cerca del Cantón Militar Pichincha, dejando personas lesionadas y daños en viviendas aledañas. Horas después, en Palmira, otro ataque afectó infraestructura del Batallón de Ingenieros N.° 3, generando riesgo para la población, aunque sin reporte de víctimas.