En las últimas horas, la Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Memorando de Entendimiento suscrito entre la República de Colombia y su país vecino, Venezuela.
La solicitud se basó en el acuerdo que establecieron ambos gobiernos para la creación de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, también conocida como Zona Económica Especial.
Las demandas fueron presentadas, de forma separada, por las senadoras y precandidatas presidenciales del partido Centro Democrático, Paola Andrea Holguín y Paloma Valencia Laserna, cuyos radicados quedaron bajo los expedientes D-16.866 y D-16.886, respectivamente.
Las demandantes sostienen que el memorando suscrito por los gobiernos de ambos países constituye un tratado internacional y, por tanto, debía ser sometido a la aprobación del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la nación.
El documento, fechado del 21 de octubre de 2025, fue suscrito por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien actúa como sustanciador del proceso.
Ante la aceptación de la demanda, Paola Holguín reaccionó por medio de su perfil oficial de X, destacando que su solicitud busca que tal acuerdo quede sin “efectos jurídicos”, ya que su aprobación requería un control legislativo que no fue desarrollado, dado que el Ejecutivo nunca lo presentó.
“La Secretaría General de la Corte Constitucional nos acaba de notificar que admitió la demanda de inconstitucionalidad que presentamos en contra del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de la Franja Binacional. Pedimos que se deje sin efectos jurídicos por desconocer las competencias del Congreso de la República en la aprobación de este tipo de instrumentos internacionales”, expresó Holguín.
Detalles de suscripción del acuerdo
El pasado 18 de julio de 2025, el gobierno de Colombia anunció de manera oficial un acuerdo establecido con el país vecino, el cual calificó como un “proceso de reintegración económica y social de las dos naciones”.
“La zona binacional en la frontera colombo-venezolana nos permitirá llevar el Estado a controlar la frontera como un espacio de prosperidad legal y sin mafias”, declaró anteriormente Petro en su cuenta oficial de X.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Diana Marcela Morales, fue la encarga que firmar el acuerdo en Caracas, Venezuela, en representación del gobierno.
Para ella, tal iniciativa le permitirá a ambos países “avanzar en un trabajo conjunto para impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.
Estos resultados prometidos, así como las implicaciones jurídicas y una posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, hacen parte de los hechos que estarían por definirse en los próximos meses.