Por las declaraciones que hizo sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el proceso electoral de 2026, el expresidente Gustavo Petro deberá responder ante el Consejo de Estado por una acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien busca la protección de sus derechos al buen nombre, la honra y la rectificación, además de los de la entidad que dirige.
La tutela fue admitida por el alto tribunal, que deberá estudiar los señalamientos realizados por Petro entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando todavía ocupaba la Presidencia de la República, relacionados con el desarrollo de las próximas elecciones y el funcionamiento de la Registraduría.
Según lo expuesto por Penagos en la acción judicial, el entonces presidente hizo afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral y cuestionó diferentes elementos del proceso, entre ellos el censo electoral, los puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos utilizados por la Registraduría.
El Consejo de Estado explicó que, aunque Petro actualmente tiene la condición de particular, las declaraciones que originaron la tutela fueron realizadas mientras ejercía como presidente de la República, por lo que su salida del cargo no modifica el objeto de la controversia.
El registrador también sostuvo que Petro se refirió a una presunta manipulación de los resultados electorales y a una supuesta negativa de la Registraduría para permitir una auditoría del código fuente, afirmaciones frente a las cuales Penagos aseguró haber solicitado una rectificación que no recibió dentro del plazo establecido.
El caso fue considerado por el Consejo de Estado como un asunto de “importancia jurídica y trascendencia social”, debido a que la discusión incluye los límites entre la libertad de expresión y el poder-deber de comunicación de quien ejercía la Presidencia de la República, señaló la corporación.
La alta corte también puso sobre la mesa la protección de derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, así como la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a “información veraz e imparcial sobre el proceso electoral”, de acuerdo con lo expuesto en la decisión que admitió la tutela.
Con la admisión de la acción, Gustavo Petro tendrá un plazo de tres días, a partir de la notificación, para ejercer su derecho de defensa y entregar un informe relacionado con los hechos señalados por Penagos.
Además del expresidente, fueron vinculados al trámite la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la tutela.
El Consejo de Estado aclaró que la admisión de la acción judicial corresponde al inicio del trámite y no representa una decisión sobre el fondo de los señalamientos formulados por el registrador contra el expresidente.