La violencia en el Macizo Colombiano no se detiene: este lunes, 11 de agosto, fueron asesinados los campesinos Benjamín Narváez, Francisco Narváez y Joaquín Cajas, en hechos ocurridos entre las veredas La Monja, Guayabillas y La Playa, jurisdicción del corregimiento de La Carbonera, zona rural del municipio de Bolívar.
De acuerdo con líderes comunitarios de esta parte del sur del Cauca, las tres víctimas, todas campesinas, habrían sido atacadas por integrantes del grupo armado al margen de la ley conocido en la zona como Andrés Patiño, de las disidencias de las Farc, la cual mantiene una disputa a muerte con los guerrilleros del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
“Varios sujetos de esa organización delictiva llegaron hasta la casa de las víctimas, para después asesinar a una de ellas; luego se llevaron a la fuerza a dos de ellas hacia las veredas Guayabillas y La Playa, donde las ultimaron con disparos de fusil, es lo que nos informan las comunidades luego que los familiares encontraran sus cadáveres”, denunciaron líderes sociales de este municipio.
De igual manera, “se verifica si una cuarta persona encontrada sin vida en la vereda El Hato fue asesinada en la misma acción y por el mismo grupo responsable de los otros tres homicidios”, reportaron los integrantes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Frente a esta grave situación, Víctor Collazos, integrante de la organización Espacio Regional de Paz y del Comité de Integración del Macizo Colombiano, denunció que los campesinos e indígenas de esta zona de país viven un marcado escalamiento del conflicto armado.
De ahí que han incrementado los enfrentamientos armados, confinamientos temporales entre los pobladores, incremento de las amenazas a líderes sociales y desplazamientos forzados de familias que huyen para proteger a niños y jóvenes del riesgo de reclutamiento por parte de estos dos grupos armados al margen de la ley.
“Es grave la situación que están viviendo las comunidades del macizo. Hay zozobra, miedo y riesgo permanente. Pedimos a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional que ayuden a visibilizar esta crisis y brinden garantías de seguridad”, agregó Collazos al indicar que este panorama es constante en poblaciones como La Vega, Sucre, San Sebastián y otras.
Por eso, el líder social advirtió que la violencia ha afectado también el acceso a la educación en la zona, pues los combates y la presencia de minas impiden que niños y adolescentes arriben a sus escuelas, de ahí que la misma comunidad decidió suspender las clases y limitar la movilidad de los pequeños en el sector.
Luego de esta masacre y del intenso ataque a la estación de Policía del municipio de La Vega, el líder campesino reiteró el llamado a retomar las mesas de diálogo de paz con estas organizaciones armadas al margen de la ley y a que todos los actores armados —estatales y no estatales— respeten la vida e integridad de la población civil.
Mientras tanto, la Gobernación del Cauca ya había alertado sobre el riesgo de un desbordamiento de la violencia en esta región estratégica del sur del departamento, considerada el “corazón hídrico” del país por ser fuente de los principales ríos de Colombia, así como la existencia de varias minas de oro.