Una petición le hizo la Corte Suprema de Justicia al presidente Abelardo de la Espriella para que, a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá, adelante las gestiones necesarias para lograr la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos, condenado a diez años de prisión por su participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga.
La solicitud quedó consignada en la decisión de la Sala de Casación Penal que este viernes 16 de octubre dejó en firme la sentencia contra el expresidente de la Corte Suprema, señalado de participar en una red de corrupción judicial que buscaba interferir en procesos penales a cambio de pagos ilegales.
En el fallo, el alto tribunal advirtió sobre las consecuencias de que Bustos permanezca fuera del alcance de las autoridades colombianas, mientras continúa pendiente el cumplimiento de la pena impuesta en su contra.
“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, precisa el fallo.
La condena contra el exmagistrado se relaciona con los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, por su participación en una estructura integrada por abogados litigantes que, presuntamente, contactaba a congresistas para obtener beneficios en actuaciones judiciales mediante el pago de sobornos.
De acuerdo con la sentencia, Bustos habría utilizado sus influencias dentro de la Corte Suprema para favorecer a procesados, retrasar acusaciones, frenar investigaciones y cancelar órdenes de captura, en una trama que comprometió la credibilidad de la administración de justicia.
En el documento de 277 páginas, la Sala Penal también cuestionó el impacto de estas actuaciones sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales y en quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.
“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho”, señaló la Corte Suprema de Justicia.
Además de solicitar las gestiones para concretar la extradición de Bustos desde Canadá, el alto tribunal pidió la emisión de una circular roja para facilitar su captura y traslado a Colombia, con el propósito de que cumpla la condena impuesta.