La captura de dos de los presuntos responsables del entramado criminal que terminó con la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, general William Rincón, se registró en las últimas horas en vía pública del municipio de Carmen de Apicalá, al oriente del Tolima. Con este procedimiento, las autoridades cierran un capítulo de búsqueda que se extendió por cerca de un mes.
Se trata de Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López, quienes no se habían presentado ante la justicia luego de que, a mediados de marzo, la jueza 26 de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco personas vinculadas al caso. Solo tres de los procesados acudieron a las audiencias, lo que llevó a activar operativos para ubicar a los dos restantes.
De acuerdo con la investigación, Sotelo aparece en registros de cámaras de seguridad en medio de la agresión que sufrió Rincón, quien fue citado al barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, mediante un engaño que involucró a una menor de edad. El joven habría sido llevado hasta el lugar como parte de un plan previamente coordinado por los implicados.
En el expediente judicial también figura evidencia recopilada por la Fiscalía que comprometería a Vega López en la planeación del entramado. Según el ente acusador, el objetivo era involucrar falsamente a la víctima en señalamientos de carácter sexual para afectar su reputación y la de su familia, en un montaje que incluyó perfiles falsos y mensajes a través de redes sociales.
Uno de los elementos clave dentro del proceso es el testimonio de una adolescente que aseguró haber recibido instrucciones precisas para contactar a Juan Felipe Rincón por internet y presentarle a otra menor, haciéndola pasar como mayor de edad. A esto se suman decenas de conversaciones obtenidas por los investigadores, enviadas desde un perfil falso administrado por una de las implicadas, que habrían sido usadas para ejecutar el plan.
La Fiscalía imputó cargos a Sotelo, Vega López, Katherine Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila por los delitos de tortura, soborno a testigos, uso de menores para la comisión de delitos y alteración de material probatorio. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Tras la legalización de las capturas, los dos detenidos serán trasladados a Bogotá para continuar con el proceso judicial. Las autoridades indicaron que seguirán recopilando pruebas dentro del caso.