El expediente penal contra la exfiscal Angélica María Monsalve Gaviria tomó un nuevo rumbo judicial tras permanecer estancado en los tribunales. La investigación judicial por presuntos cobros irregulares a empresarios se reactivó formalmente, obligando a la exfuncionaria a retornar a los estrados de Bogotá para responder por señalamientos delictivos cometidos presuntamente durante su ejercicio profesional.
El panorama procesal dio un giro luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera una apelación presentada por el Ministerio Público. Esta decisión dejó sin efecto una determinación previa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la cual había frenado las actuaciones argumentando fallas técnicas de la Fiscalía General de la Nación al momento de imputar los cargos.
Con esta resolución judicial, el juzgamiento regresa a la etapa acusatoria. La Fiscalía sostiene que cuenta con material probatorio suficiente para demostrar que la ex integrante del ente investigador incurrió en presuntas exigencias económicas a empresarios vinculados al denominado “cartel de los blindados” dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), supuestamente a cambio de desviar o evitar investigaciones en su contra.
La acusación formal radica en el delito de concusión, un delito que sanciona el abuso del cargo público para solicitar dádivas o dinero. Por su parte, la ex funcionaria deberá enfocar su defensa en desvirtuar las evidencias recabadas por el organismo acusador y demostrar su inocencia durante la etapa de juicio que se reanuda en el sistema penal.
Paralelo al expediente de carácter penal, la situación disciplinaria de la ex fiscal también registra avances significativos. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló un pliego de cargos formal impulsado por el Despacho 09, a raíz de una compulsa de copias remitida desde la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ejercida en su momento por el fiscal coordinador Gabriel Ramón Jaimes.
Ante estos cuestionamientos, la líder del movimiento Somos Justicia reaccionó públicamente cuestionando las determinaciones tomadas en su contra. Monsalve aseguró que este tipo de decisiones disciplinarias obedecen a revanchas institucionales derivadas de denuncias y presiones asociadas a expedientes de alta relevancia pública que conoció durante su gestión en el ente acusador.
Antes de esta reactivación judicial, la abogada renunció a su cargo dentro de la institución judicial para incursionar en el escenario político. La ex funcionaria postuló su candidatura al Congreso de la República bajo el aval del movimiento Frente Amplio Unitario; sin embargo, el alcance e interacción en sus redes sociales no se tradujeron en apoyos en las urnas y quedó fuera del cuerpo legislativo.
Ahora, la imputada afronta simultáneamente el proceso penal por concusión y la investigación disciplinaria en Bogotá, escenarios donde las autoridades judiciales definirán su responsabilidad frente a las irregularidades atribuidas a su paso por el poder judicial.