Las autoridades internacionales anunciaron hoy la desarticulación de una red transnacional acusada de estafar a miles de ciudadanos de América Central y del Sur mediante la promesa de visas de trabajo legales en Estados Unidos.
En el operativo internacional coordinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron capturadas 19 personas en Colombia, Ecuador, El Salvador y territorio estadounidense, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Medellín.
El esquema consistía en ofrecer servicios fraudulentos de tramitación de visas mediante páginas web, redes sociales y supuestos centros de asesoría, donde los implicados se hacían pasar por funcionarios de inmigración.
A las víctimas se les exigía el pago de sumas entre 50.000 y 90.000 dólares a cambio de documentos falsos: aprobaciones de visa, autorizaciones de empleo, sellos oficiales falsificados e instrucciones para realizar trámites ficticios.
Según la investigación, más de 7.000 personas fueron contactadas por la red, de las cuales unas 700 ya han declarado haber perdido dinero, mientras se presume que hay aún víctimas sin registrar. Las pérdidas globales se estiman en al menos 2,5 millones de dólares.
Entre los detenidos en Medellín figuran ciudadanos estadounidenses y varios colombianos que operaban desde call centers ilegales simulaban ayudar a las personas con su solicitud de visa, realizaban declaraciones engañosas sobre ofertas laborales y se hacían pasar por funcionarios estadounidenses en videollamadas.
A las víctimas les enviaban documentos falsos en los que se incluían falsificaciones de visas y autorizaciones de empleo, lo que generaba confianza en las personas y hacía que transfirieran dinero.
Uno de los principales capturados supervisaba ocho oficinas de llamadas fraudulentas; otro era responsable del desarrollo técnico de sitios web y plataformas falsas.
La operación coordinada involucró a agencias estadounidenses como el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador.
La colaboración internacional permitió seguir el rastro del dinero, desactivar los canales de estafa y capturar a los implicados en simultáneo.
Ahora, los detenidos enfrentan cargos por fraude, extorsión, lavado de activos, suplantación de funcionarios y falsificación de documentos oficiales. Las víctimas, por su parte, son incentivadas a denunciar mediante los canales habilitados por autoridades en varios países.
Las autoridades advierten que la búsqueda de visas legítimas debe hacerse siempre por vías oficiales, y que cualquier oferta de “trámite express” con pagos por anticipado es muy probablemente fraudulenta.
Esto con el objetivo de que las personas no caigan en las redes de mafias que lucran con la esperanza de migrantes que buscan mejores oportunidades.