Por Rubén Erazo, politólogo con énfasis en gobernabilidad democrática e Integración al sistema internacional y presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos.
En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha atravesado por un vaivén emocional evidente por distintas coyunturas políticas, pero lo que más llamó la atención fueron sus reclamos al Procurador, ternado por él mismo, sobre la transparencia de los resultados electorales de este año.
Ese episodio no puede leerse solo como un impulso del momento. Sin embargo, el matiz del discurso parece haberse movido tras los resultados de recientes encuestas, que lo ubica cerca del 50 % de favorabilidad, una mejora clara frente a los meses anteriores, cuando su aprobación rondaba por debajo del 40 %.
El Mandatario es impredecible, pero no actúa al margen del clima social. Petro suele tomar el pulso emocional de los ciudadanos y ajustar su narrativa. Medidas como el incremento del salario mínimo bajo la idea de un salario vital cercano a los dos millones de pesos, los apoyos económicos a gestores culturales, la ampliación de subsidios para adultos mayores y decisiones simbólicas como reducir el precio de la gasolina, así sea en $ 500, han contribuido a que él y su consejero político más experimentado, Armando Benedetti, logren reposicionarse en la conversación pública con mayor margen de maniobra.
Ahora bien, en política la desconfianza nunca es solo una emoción, es también una herramienta. Cuando un presidente insiste en que hay que investigar el sistema electoral no se limita a señalar posibles fallas técnicas; está enviando una señal anticipada sobre cómo podría interpretarse el resultado. Por eso la pregunta relevante hoy no es retórica sino práctica: ¿qué tan probable es que Gustavo Petro acepte sin matices lo que digan las urnas?
La respuesta, en un contexto de datos cambiantes, depende del desenlace. Si el proyecto político que él encarna sale fortalecido, si el Pacto Histórico mantiene o amplía su presencia en el Senado y la Cámara, el incentivo para reconocer el veredicto será alto. Ningún liderazgo desconoce una elección que legitima su propio relato de poder y le garantiza condiciones de gobernabilidad en la recta final del ciclo político.
El escenario complejo es el inverso. Si el oficialismo pierde terreno, si la oposición logra capitalizar el desgaste natural del Gobierno o si emerge un liderazgo competitivo por fuera de su órbita, el discurso de sospecha se convierte en un recurso disponible. No necesariamente para romper las reglas, pero sí para tensionarlas, disputar el sentido del resultado y reforzar ante su base la idea de que el sistema no es plenamente confiable.
Existe además una variable que suele definir estos momentos: el tamaño de la victoria. Las democracias procesan mejor los resultados contundentes porque reducen el margen de ambigüedad. Cuando la diferencia es amplia, el costo político de desconocerla se vuelve prohibitivo, incluso para liderazgos confrontacionales. Pero si el resultado es estrecho, se abre la puerta a litigios, recuentos y disputas narrativas que pueden prolongar la incertidumbre durante semanas.
Hoy, además, está en juego algo más profundo: la sucesión presidencial. Si el petrismo logra mantener competitividad de cara a la primera vuelta y figuras cercanas a su espectro, como Iván Cepeda, consolidan opción real, el incentivo estratégico será cuidar la institucionalidad. Esa estabilidad no sería un gesto altruista sino una decisión de cálculo para proyectar continuidad.
Tampoco conviene caer en alarmismos. Colombia tiene un sistema electoral con fallas, como cualquier democracia, pero con una tradición de aceptación de resultados incluso en escenarios de polarización intensa. Romper abiertamente con esa práctica tendría costos políticos, institucionales e internacionales demasiado altos. La presión de los contrapesos, la reacción externa y la lógica del poder actúan como límites reales.
Por eso lo más probable no es un quiebre sino un periodo de tensión discursiva. Habrá cuestionamientos, solicitudes de auditoría, denuncias políticas y una disputa por el relato de lo ocurrido. Es parte de la dinámica de una democracia polarizada y no necesariamente una señal de colapso institucional. La clave estará en la capacidad de las autoridades electorales para responder con transparencia y en la serenidad de la ciudadanía para procesar el resultado.
Al final, las elecciones no solo cuentan votos, también ordenan el poder. Y en ese terreno la reacción presidencial será proporcional a lo que esté en juego. Si su proyecto gana, veremos reconocimiento y narrativa de legitimidad. Si pierde, habrá más controversia que ruptura, porque incluso los liderazgos más disruptivos entienden que el poder también se ejerce sabiendo cuándo aceptar la realidad.
Lo decisivo será cómo se administre políticamente el día después. Si el Gobierno opta por canalizar la derrota o capitalizar la victoria dentro de los márgenes institucionales, el país vivirá una transición normal, aunque ruidosa. Si la narrativa de sospecha escala sin evidencia suficiente, aumentará la polarización y se resentirá la confianza pública.
Mi apuesta es que veremos más ruido que ruptura, una disputa simbólica intensa, pero dentro de los límites que impone la realidad democrática. Ahí se define. No necesariamente el perro que ladra, morderá.