En medio de una campaña presidencial cada vez más tensa, las amenazas contra candidatos se han convertido no solo en un factor de riesgo, sino en un recurso estratégico y de debate político entre los competidores.
El recrudecimiento de esas alertas, que además están marcadas por el recuerdo del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, reabre incógnitas sobre cómo están impactando esas intimidaciones en la contienda democrática.
En las últimas semanas, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas y sus fórmulas han denunciado estar siendo amenazados, y hasta se habla de planes de asesinato contra algunos de ellos.
“Esas denuncias generan un riesgo que hay que determinar y debe protegerse la vida y la integridad de los candidatos, sus familias y sus equipos, pero dentro de esa narrativa es posible construir un fenómeno de victimización o revictimización, en algunos casos, que puede llevar específicamente a unos repuntes en los sondeos”, explica Jorge Yarce Tamayo, analista político de la Universidad Central.
A su vez, Juan Nicolás Garzón, docente de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, señala que esas amenazas contra los aspirantes trastocan el proceso electoral de una manera inconveniente e indeseable y generan escenarios más radicalizados para el desarrollo de la campaña presidencial.
“Suelen cruzarse acusaciones, así sean tácitas, de cada una de las partes en contienda, y se trata de señalar muchas veces a los contradictores políticos como responsables directos e indirectos de esas amenazas. Esto radicaliza a las partes, polariza aún más un contexto que ya está bastante caldeado y que es en sí mismo sensible”, indica.
De hecho, ese ha sido el ‘juego’ de los últimos días por parte de las campañas; a pesar de verse vulnerables ante un riesgo real, las candidaturas de derecha han señalado a las de izquierda como responsables, y las de izquierda han acusado a las de derecha.
El candidato Abelardo de la Espriella, por ejemplo, quien desde antes de iniciar la campaña ha sido blanco de amenazas, según ha dicho, insinuó algo similar en contra de su contendor Iván Cepeda.
“Nos amenazan a nosotros, pero mira que a Cepeda nunca lo amenazan, eso no es fortuito”, dijo hace unas semanas durante una entrevista.
La candidata Paloma Valencia también ha sugerido lo mismo. Según ella, el actual panorama de seguridad refleja una escalada de riesgos para quienes hacen política en regiones bajo control ilegal, asegurando que los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Cepeda.
No obstante, el candidato del Pacto Histórico no se quedó atrás y reveló que se tenía conocimiento sobre un posible plan para atentar contra su vida, información que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro.
“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, dijo el mandatario.
Para Yarce, este es el ejemplo de que “sí se pueden utilizar las denuncias como un mecanismo para generar impacto positivo en algunas campañas en particular, sobre todo cuando esas candidaturas tienen acceso a medios institucionales que generan resonancia”.
“Tras las denuncias de De la Espriella y Valencia sobre las amenazas de muerte, Cepeda también buscó establecer un escenario de amenazas, el cual el Gobierno reiteró, cosa que no hizo con los otros candidatos. Estableció, incluso, que se estaban haciendo fuertes indagaciones por el grave riesgo, lo cual después termina siendo desmentido inclusive por organismos internacionales que supuestamente habían sido consultados”.
Quien desmintió la información fue el senador republicano Bernie Moreno, abierto contradictor de la administración Petro, al negar en su cuenta de X que sea cierto que funcionarios estadounidenses conozcan “de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello”.
Sin embargo, no ha sido la única amenaza que fue desmentida, ya que luego de que la campaña de Valencia le solicitara al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes de seguridad, tras las advertencias de un posible atentado del ELN contra la senadora, ese grupo armado ilegal aclaró que no prepara ningún plan en contra de la aspirante del Centro Democrático.
“Las acusaciones sueltas son graves, generan una sensación de zozobra y riesgo y radicalizan las posiciones, pero, en la medida en que no haya pruebas contundentes, no haya hechos que corroboren la magnitud de esas amenazas, pues lo que terminan es generando mucho ruido, ruido innecesario e inconveniente para un proceso limpio”, opinó Garzón.
De acuerdo con él, el politólogo Alejandro Echeverry agregó que en un país como Colombia no se pueden banalizar las amenazas, pero reconoció que estas sí le pueden dar “exposición mediática a los candidatos para consolidar sus campañas presidenciales, y ahí juegan un poco las estrategias políticas que se establecen a partir de las denuncias”.
Es necesario aclarar que, a pesar de todos los llamados realizados desde las diferentes campañas, esta semana el jefe del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Militares señaló que, tras la evaluación en conjunto con todas las fuerzas, se identificó que no hay planes en contra de los candidatos: “Ningún organismo manifestó tener información relacionada con amenazas”.
Impacto en primera vuelta
Las fuentes consultadas indicaron que ya se han empezado a ver las consecuencias de las amenazas que las candidaturas dicen haber recibido, las cuales podrían tener efectos en primera vuelta.
“El impacto se va a ver reflejado en las restricciones que tienen los candidatos para acceder a ciertos territorios, porque a los esquemas de seguridad se les sugiere no asistir a eventos públicos en ciertas regiones del país. Incluso así lo ha denunciado la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, José Manuel Restrepo, al determinar que no les están dejando salir del área andina, Bogotá, las centralidades y no les están permitiendo ir al territorio, al contacto directo con la ciudadanía”, anota el analista Yarce.
Por su parte, el politólogo Echeverry advierte que, debido a esto, muchos de los candidatos, especialmente los tres que van liderando las encuestas, han puesto a sus fórmulas vicepresidenciales a recorrer ciertas zonas del país.
“Lo que demuestra esto es que cambian las estrategias en términos de la presencia que tengan los aspirantes en espacios públicos; sin embargo, es importante aclarar que esas apariciones en público no se han disminuido. Por el contrario, hay una exposición mayor en estos espacios, porque los candidatos han entendido que este ejercicio, el de la calle, es fundamental para sus aspiraciones electorales”, comenta.
Las campañas también han hecho llamados al Estado para que se garanticen las condiciones y que todos puedan hacer su ejercicio político con libertad.
Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que “las campañas más robustas no tienen menos de 30 hombres de seguridad y, en el caso de la Unidad Nacional de Protección, esos esquemas robustos no valen menos de $ 500 millones mensuales por cada aspirante”.
Asimismo, en entrevista con El País, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, mencionó que si bien “tenemos garantías razonables en las grandes ciudades y ciudades intermedias, voy a dejar claro que lo que para nosotros es razonable, para alguien de Suiza, inclusive de España, no lo es”.
“Además, los niveles de polarización facilitan, avivan y promueven hechos de violencia. Es decir, si una persona es un contradictor político, es mi enemigo y al enemigo se lo elimina simbólicamente o físicamente. En Colombia se elimina no solo simbólicamente, también físicamente”, declaró.
Por otro lado, el docente Garzón reconoce que, aunque “riesgos hay muchos, yo no creo que exista un riesgo de fraude electoral a gran escala, como ha sugerido el Presidente, pero sí hay riesgos electorales evidentes y eso ha existido en Colombia y seguirá existiendo en zonas donde grupos armados ilegales operan y que alteran el proceso electoral”.
Finalmente, el analista Jorge Yarce aclaró que no se puede dejar de reconocer que la Colombia de hoy sigue siendo profundamente violenta, que recuerda a los movimientos de diálogo en el Caguán, al incremento de fuerza de las guerrillas en el territorio y que genera una sensación de incertidumbre y zozobra imperante.
“Volvemos a tener un escenario político marcado por este paradigma y eso genera muchas repercusiones en lo económico, en lo social. Tenemos mucha incertidumbre y hasta que no se decante la elección, no vamos a ver transformaciones directas y afectaciones positivas o negativas de manera directa en nuestro sistema”, añadió.