Esta semana el Gobierno Nacional sacó por decreto el presupuesto de Colombia para el 2027 por un total de $634,9 billones. Lo que parecía un trámite ‘fácil’, teniendo en cuenta el respaldo que tiene el presidente Abelardo de la Espriella en el legislativo, se convirtió en toda una novela por cuenta de un error de trámite.
El hecho, que ha sido ‘minimizado’ por el Gobierno, ha dejado damnificados, entre ellos, varias regiones como el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que hay diferencias entre el Plan de Inversiones Regionalizado, avalado en el primer debate por las comisiones económicas, y el mismo documento que recibió respaldo, en segundo debate, de las plenarias del Congreso.
El primero planteaba inversiones para las regiones por $63,8 billones y el segundo las aumentaba hasta un total de $69,9 billones, es decir $6,1 billones más. El problema es que debido al vicio de trámite, ocurrido en el Congreso, porque la Cámara de Representantes aprobó un proyecto diferente al avalado en el Senado, el Gobierno Nacional tuvo que decretar el presupuesto con lo aprobado en el primer debate con sus consecuencias.
¿Qué pasó con el Valle?
A lo largo de los últimos años, el Valle del Cauca ha perdido participación en el presupuesto del Gobierno Nacional. Un análisis de Edwin Maldonado, exsecretario de Desarrollo Económico de Cali, indica que la participación del departamento en la inversión nacional cayó a un promedio del 4,8 %, frente al 5,5 % de 2015–2018 y al 5,3 % de 2019–2022. Con el impasse ocurrido en el Congreso, el Valle pierde $441.000 millones que se habían conseguido en el trámite del segundo debate.
En primera instancia se habían designado para la región $4,19 billones para el 2027, pero la gestión de algunos congresistas del departamento permitió aumentar las partidas en el monto antes mencionado hasta los $4,64 billones. Los incrementos se dieron en sectores de minas y energía que tuvo un aumento de $189.000 millones; en vivienda, $100.000 millones; inclusión social y reconciliación, $69.000 millones y en deporte, $39.000 millones.
Estos recursos, que se habían logrado sumar en el Congreso ya no estarán disponibles para el Valle, por cuenta del error en el trámite, y se volvió a la partida inicial que salió de las comisiones económicas.
El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, ponente del proyecto de presupuesto, comentó que ante esta situación lo que se puede hacer es intentar hacer ajustes mediante adiciones, traslados y facultades especiales. “Las mejoras que habíamos logrado, en segundo debate, se cayeron, luego ahora tenemos que enfilar baterías, los partidos que estamos apoyando al gobierno, para que se respeten esos cambios que se habían concertado con otros mecanismos”.
Recordó que de esos recursos adicionales lo más sensible son los subsidios de energía, los recursos de vivienda, los dineros para la salud y la reconstrucción para los damnificados del terremoto, estos últimos no estaban asignados al departamento, pero la región sí podía aspirar a tener una tajada importante de esa partida general. Según Garcés, el Valle deberá lograr un acuerdo con el Gobierno, no solamente para intentar recuperar los recursos que se habían aumentando, “sino para que a cada proyecto prioritario se le defina un plan de acción; por ejemplo, para el tren de cercanías, vigencias futuras; para el dragado de Buenaventura, presupuesto a la mayor brevedad posible; en el caso del aeropuerto están los recursos y necesitamos que se entregue la concesión. La institucionalidad pública y privada estamos unidos en buscar que el Gobierno vaya tomando decisiones concretas porque los compromisos hay que llevarlos a la realidad”, insistió.
Por su parte, Edwin Maldonado, comentó que recuperar los recursos, que se habían incluido para el Valle requiere una nueva gestión ante el Gobierno y el Congreso, posiblemente, mediante una ley de adición presupuestal, en medio de un difícil ajuste fiscal. “Por eso es fundamental que el bloque parlamentario y los líderes de la región trabajen unidos para recuperar estas inversiones y garantizar recursos extraordinarios para la reconstrucción después del terremoto”
Reiteró que de mantenerse esta situación, el Valle recibiría apenas el 4,8 % de la inversión nacional, lo que confirma que se sigue perdiendo peso en la distribución del presupuesto.
El representante a la Cámara por el Valle, Víctor Manuel Salcedo, coincidió en que ahora el departamento está a la voluntad del Gobierno, en el sentido de que se respeten los acuerdos alcanzados para buscar los recursos que ya no llegarán por el presupuesto. “En esos $440.000 millones se habían logrado $132.000 millones para el acueducto de Buenaventura, que es una deuda antigua, así como los recursos en salud y otros vitales”, dijo.
Según el congresista, no es claro lo que pasó en la Cámara, que tenía el debate del presupuesto muy adelantado, sin embargo, justifica que el Plan de Inversión Regionalizado llegó a esa corporación dos días antes del debate crucial, lo que considera muy encima para el estudio que cada representante debe hacer de su región. “También hay que decir que el documento aprobado en el primer debate, y que sería el decretado, le da al gobierno muchas libertades, prácticamente “un cheque en blanco y quedamos a expensas de esa voluntad”.
Sobre lo que se estaría ‘perdiendo’, a nivel nacional, la senadora Norma Hurtado Sánchez dijo que es necesario que el Ministerio de Hacienda dé una respuesta sobre cómo se van a conseguir los $3 billones incorporados durante la discusión en las plenarias para la salud. “Los colombianos necesitan una respuesta concreta: qué pasa con los recursos que se incorporaron para atender la crisis de salud. Antes de afirmar que se perdieron o que están garantizados, Hacienda debe explicar cuáles se mantienen y cómo se atenderán las necesidades que queden pendientes”, señaló la congresista del Partido de la U.
Aclaró que aunque el monto total del presupuesto se mantuvo en $634,9 billones, esto no significa que cada sector conservará la misma asignación. “La discusión jurídica debe resolverse con rigor. Los pacientes y los hospitales necesitan saber con qué recursos contará el sistema en 2027”, sostuvo.
Obras en el Valle
La mayor partida de recursos del presupuesto regionalizado para el Valle se lo lleva el ítem de inclusión social con $1,41 billones; se incluyen dineros para el ICBF, seguridad alimentaria, transferencias monetarias para los más pobres, atención a víctimas del conflicto armado, entre otros programas. El segundo ítem más grande es transporte con $1,20 billones; se incluyen partidas para transporte férreo e infraestructura vial. Por ejemplo, la vía Mulaló - Loboguerrero, que sigue estancada, recibe una partida de $342.000 millones; el corredor férreo del Pacífico ($266.517 millones) y los accesos de Cali - Loboguerrero ($24.000 millones).
Para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón quedaron $161.532 millones, $23.000 millones para el aeropuerto de Buenaventura y $90.000 millones para el MÍO.
Los sectores de trabajo y minas y energía suman casi $900.000 millones. Esto incluye subsidios de gas y energía, subsidios para madres comunitarias, fondo de solidaridad pensional, entre otros. Uno de los rubros más perjudicados fue el de deporte, que quedó con un presupuesto de $4068 millones.
Viene la ley de ajuste
Cesar Pabón, director senior de Investigación Económica de Corficolombiana, explicó que una vez avalado el presupuesto nacional en $634,9 billones y sinceradas las cuentas, ahora viene “el reto más grande que es el ajuste de ese presupuesto”, teniendo en cuenta que el déficit del Estado supera el 9 %, es decir, no hay tantos ingresos para financiar todos los gastos previstos en ese plan.
Recordó el analista, que la meta que tiene el Gobierno es de un ajuste cercano a $45 billones, cerca de 2,2 % del PIB, sin embargo, considera que esa cifra es muy ambiciosa y que el apretón que se logre en el Congreso podría ser mucho menor.
“Creo que el gobierno tiene que ser más audaz, no solamente desde el recorte del gasto, sino que tendrá que hablar de los temas tributarios, ver cómo incorpora también nuevos ingresos”, dijo.
Sobre el tema, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, dijo que la situación del país obligaría no solo a tener una ley de rescate para el 2027, sino que debería plantear una ley de ajuste multianual, es decir, que no sea solo de corto plazo, sino incluso que involucre unos cuatro años, esto teniendo en cuenta el amplio déficit que tiene el Estado y que para el próximo año se estima en más del 9 %, con la posibilidad de bajarlo al 8 %, si pasa la ley de rescate que radicará pronto el Ministerio de Hacienda ante el Congreso.
“Creo que ese plan debe ser significativo porque el incremento del gasto, en estos últimos años, fue muy grande. La magnitud inicial del recorte proyectado debe ser importante para entrar a una negociación con el Congreso”, reiteró.