La transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo sistema que gradualmente reemplazará al Sisbén en Colombia, ha generado dudas sobre los requisitos que se tendrán en cuenta para acceder a subsidios y programas sociales.
Una de las preguntas más frecuentes es si ser propietario de una vivienda, una finca o una parcela podría dejar a una persona por fuera de los beneficios estatales. Frente a esa inquietud, el Gobierno Nacional aclaró que la sola posesión de un inmueble no será motivo para perder la clasificación social ni para quedar excluido de los programas administrados por el Estado.
Así se conoció durante el proceso de actualización que adelanta el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada de implementar el Registro Universal de Ingresos, una herramienta creada para identificar con mayor precisión las condiciones económicas de los hogares colombianos.
Según las autoridades, el valor catastral de una vivienda, un lote o una finca no se considera un ingreso disponible para las familias, razón por la cual este factor, por sí solo, no determina la clasificación de una persona dentro del nuevo esquema.
La aclaración resulta relevante debido a que millones de colombianos de bajos recursos poseen algún tipo de propiedad, especialmente en zonas rurales, sin que ello signifique que cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, el panorama cambia cuando ese inmueble genera rentabilidad económica. En esos casos, los ingresos obtenidos por conceptos como arriendos sí pueden ser tenidos en cuenta dentro de la evaluación realizada por el Registro Universal de Ingresos.
Por ejemplo, si una persona recibe dinero de manera periódica por alquilar una vivienda o un local comercial y esos recursos aparecen registrados en los sistemas oficiales, dicha información podría influir en la clasificación socioeconómica asignada por el nuevo modelo.
¿Qué es el Registro Universal de Ingresos?
El RUI fue creado mediante la Ley 2294 de 2023 y busca modernizar la forma en que el Estado identifica a los potenciales beneficiarios de subsidios, ayudas económicas y programas sociales.
A diferencia del modelo tradicional del Sisbén, que depende en gran medida de encuestas aplicadas en los hogares, el nuevo sistema utilizará información proveniente de registros administrativos y bases de datos oficiales para construir un perfil económico más actualizado de cada ciudadano.
Entre los datos que serán analizados se encuentran los ingresos laborales reportados en sistemas como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y la nómina electrónica, así como otras fuentes de recursos, entre ellas pensiones, cesantías, intereses financieros y rentas derivadas de arrendamientos.
La clasificación continuará organizando a la población en cuatro grandes grupos. El Grupo A corresponderá a los hogares en condición de pobreza extrema; el Grupo B reunirá a quienes se encuentran en pobreza moderada; el Grupo C incluirá a la población vulnerable; y el Grupo D estará conformado por personas que no son consideradas pobres.
El Departamento Nacional de Planeación estima que la actualización administrativa prevista para 2026 podría modificar la clasificación de cerca del 29,78 % de los hogares colombianos, es decir, aproximadamente tres de cada diez familias.
Esto significa que algunas personas podrían ascender o descender de categoría dependiendo de la información económica que repose en los registros oficiales.
Quienes consideren que la información utilizada para determinar su clasificación no refleja su realidad económica podrán solicitar una revisión ante las oficinas del Sisbén habilitadas en cada municipio.