Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, dice que el Gobierno desconoció las reglas al revocar licencia ambiental en La Macarena.

En las dos últimas semanas la licencia ambiental otorgada para explorar petróleo en una zona del municipio de La Macarena, Meta, suscitó una enorme controversia. 

En pocos días, una licencia que tardó en estudiarse 4,9 años, se revocó en un día. Y, la entidad que días antes defendía a ultranza la licencia cambió de posición. Un debate que dista de haber concluido, que tiene una arista jurídica y otra ambiental. El País habló con Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, quien ha cuestionado el manejo dado por el Gobierno al caso.

Revocada la licencia ambiental a la firma Hupecol para explorar crudo en La Macarena, ¿qué señales se están dando a los inversionistas y cuáles podrían ser los perjuicios hacia el futuro?

Una señal preocupante de inseguridad jurídica, desconfianza en las instituciones, e inconsistencia en las políticas públicas del sector. Sin perjuicio de una creciente desinformación sobre la actividad petrolera y su impacto real en el ambiente.

¿Por qué inseguridad jurídica?

Porque fue el Gobierno Nacional el que estableció las políticas y reglas del juego para exploración, y cumplidas esas reglas, de un momento a otro las desconoció. Una licencia que tomó estudiar 4,9 años se revocó en un día, con argumentos inconducentes. Esta industria como otras necesita claridad y estabilidad jurídica.

¿Cómo así que fue el Gobierno el que definió las reglas?

La decisión de dónde explorar y en este caso en la zona occidental del municipio de La Macarena no fue de la empresa. La Agencia Nacional de Hidrocarburos definió, promovió y asignó los bloques; invitó a la empresa a explorar en la zona.

¿Por qué lo hizo si no se podía?

Sí se podía. En eso hay una enorme confusión. No existía ninguna prohibición técnica, ambiental o legal para ofertar y explorar el bloque; esa es la realidad. La restricción surgió hace diez días, es decir, con posterioridad al otorgamiento de la licencia. Contrariando el más básico principio de seguridad jurídica se pretende ahora aplicar esa prohibición de manera extemporánea y además, retroactiva.

Pero Cormacarena advirtió de los riesgos de acometer la búsqueda de petróleo en esa zona y sin embargo no se tuvieron en cuenta sus alertas…

Cormacarena ha tenido distintas posiciones. En 2010 estuvo de acuerdo en que la empresa continuara el proceso de licenciamiento; años después dijo que sólo se pronunciaría cuando existiera el plan de manejo de esa zona de La Macarena, y, por razones que desconozco, terminado ese plan en diciembre de 2015, no le dio vida jurídica de manera inmediata; sólo lo hizo una vez expedida la licencia.

¿Qué argumentos dio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para reversar la licencia?

Que la licencia no estaba en firme porque no estaba “ejecutoriada”, es decir, que no se había cumplido el plazo para presentar y resolver recursos de reposición, que había recibido un recurso de reposición de un tercero y que en función del mismo procedía a revocar la licencia, y que el plan de manejo de La Macarena, aunque extemporáneo, era un hecho sobreviniente que debía tener en cuenta.

¿Por qué usted considera que esos argumentos son inconducentes?

Porque siendo cierto que la licencia no estaba en firme, había sido otorgada. Es decir, parece más una argucia para justificar el cambio de posición de la entidad. Y este es el momento en que no se conoce el recurso de reposición en el que dicen haberse basado para tumbar, en un día, el trabajo que la Anla realizó durante 4,9 años. Un día, cuando el estudio de los recursos suele tomar 8 meses.

Este tipo de decisiones afectan a la Anla, una entidad clave para el desarrollo del país, y que ha construido poco a poco, con sus técnicos, una credibilidad.

¿Por qué afirma que el plan de manejo no es un hecho sobreviniente?

Por dos razones. Se sabía que el plan de manejo de esa zona sur del municipio de La Macarena estaba en elaboración y la Corte Constitucional señala que para que un hecho sea sobreviniente debe ser grave, imprevisible y anormal, y  que un plan que se conocía se publique en el diario oficial de manera extemporánea, no encaja en ese precepto jurisprudencial. Es un argumento claramente forzado.

¿Cuáles eran los riesgos de realizar una sísmica y la perforación de pozos en esa zona?

La sísmica, que es equivalente a una ecografía del subsuelo para identificar las posibles trampas geológicas donde podría haber hidrocarburos atrapados, ya se hizo; fue en el 2009, es decir, hace siete años, sin ningún impacto ambiental. Ni en los parques naturales, ni en las fuentes hídricas, ni en Caño Cristales. Ahora se arma un novelón, cuando se prevé la realización de pozos exploratorios, una actividad que la industria sabe como adelantar de manera segura y responsable.

Pero los ambientalistas dicen que se afectará Caño Cristales y los parques…

Se le vendió al país por las redes sociales una imagen mentirosa, indicando que se haría explotación petrolera en Caño Cristales, y varios medios de buena fe al informar mostraron ese río de siete colores, que es bellísimo, lo que generó una reacción comprensible, pero a partir de una falacia. Y digo falacia, porque no es cierto que Caño Cristales estuviese en riesgo no solo porque el bloque está a 70 kilómetros del río sino porque están en cuencas hidrográficas distintas; 70 kilómetros es la distancia entre Bogotá y Villavicencio o entre Cali y Tuluá. No es cierto tampoco, que hubiese afectado los parques naturales que hay en la región.

¿Es cierto que la empresa tenía previsto hacer Fracking?

Falso. En la zona no se considera que existan yacimientos no convencionales y la licencia, ahora revocada, era para exploración convencional. Sin perjuicio de los mitos que circulan sobre el fracking y que son materia de otra discusión. Pero ese son el tipo de mentiras difundidas por personas dedicadas a desinformar y desprestigiar a la industria, aprovechando el desconocimiento que existe sobre la actividad.

Finalmente, ¿porque dice usted que es un hecho grave y sin precedentes?

Cuando se trata de  licenciamiento ambiental este debe ser, además de riguroso, claro y confiable, para éste y todos los sectores económicos. Lo que no debe ocurrir es que por razones ajenas a lo técnico y lo legal se aprueben o revoquen licencias. Menos en un día.