Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron, en primer debate, el Presupuesto General de la Nación, PGN, para 2026, con un ajuste de $ 10 billones, quedando en $546 billones.
Este recorte obliga al Ministerio de Hacienda a revisar también la reforma tributaria, con la que se buscaba recaudar $ 26,3 billones, por lo que ahora el monto estimado sería de $ 16,3 billones.
Para algunos analistas, este ajuste, si bien cambia parcialmente el panorama, no resuelve el problema estructural de las finanzas de la Nación. Además, coinciden en decir que ni el presupuesto ni el futuro de la ley de financiamiento están claros, ya que el primero aún tiene debates pendientes, y la reforma tributaria todavía no arranca en el Congreso.
Para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, el debate sobre la tributaria sigue en un terreno lleno de incertidumbre, donde “el país se encuentra con un presupuesto de 2026 aprobado parcialmente, pero desfinanciado en $ 16 billones, y con un Ministerio de Hacienda que aún no ha presentado un documento formal de ajuste fiscal”.
Para el analista, la discusión se da en un ambiente político complejo. “Con el país en plena coyuntura electoral, hablar de nuevos impuestos no resulta popular en el Congreso. Esto anticipa un debate difícil y lleno de tensiones, en el que el consenso parece lejano. En últimas, el pulso entre el Congreso y el Gobierno marcará el rumbo fiscal del país en un momento en el que la necesidad de recursos es urgente, pero la disposición política para aprobar más impuestos es mínima”, anota.
Un informe presentado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana indica que el escenario todavía es incierto, teniendo en cuenta que la tributaria, ya recortada en $ 10 billones, aún no tiene un diseño definitivo.
“Si el Congreso no aprueba el recorte al Presupuesto General de la Nación en los tres debates restantes, el actual Gobierno tendría que volver al plan original, con una tributaria de $ 26 billones”, indica.
E insiste en que la reforma tributaria es la más ambiciosa de los últimos años y en que su aprobación enfrenta un reto político con el Legislativo en un año preelectoral y el Gobierno Nacional en su tramo final y con un menor margen de negociación.
“Su aval también enfrenta varios retos económicos. Primero, las estimaciones de recaudo no se han cumplido en los últimos años. Segundo, si ninguna reforma del pasado ha logrado aumentar el recaudo de forma sostenida, ¿por qué si lo hará esta? El trámite, además, estará condicionado por el monto del PGN, pues el tamaño del recaudo necesario depende del nivel de desfinanciamiento de este”, señala el informe de la Universidad Javeriana.
Para José Ignacio López, presidente de Anif, la preocupación real está en que se apruebe un presupuesto que implique mayor financiamiento, “porque en la reducción que se dio del monto y de las fuentes, se podría estar autorizando mayor acceso al financiamiento como compensación al recorte de la ley de financiamiento por los $ 10 billones”.
Agrega que, más allá de la viabilidad, “sería inconveniente porque, en el remanente de las medidas que estarían siendo aprobadas, hay varias que van en contra de los incentivos que tienen los colombianos para ahorrar e invertir, por lo que vemos muchas de esas medidas como grandes inhibidores de crecimiento y, mirando hacia el mediano y largo plazo, resultarían ineficientes para solucionar el tema fiscal”.
Al respecto, Jaime Ahcar, director del programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, considera que poner nuevos impuestos en un año electoral “no es realista, porque conlleva costos políticos. De ahí que los $ 16 billones se conseguirán por la vía del endeudamiento, lamentablemente con altos intereses ya superiores al 11 % para los bonos a diez años. Esto porque de aquí al 20 de octubre muy difícilmente se aprobará en el Congreso cualquier iniciativa de incremento de impuestos”.
¿Qué dice el Congreso?
Desde que el Gobierno presentó su proyecto de reforma tributaria por $ 26,2 billones, no fue bien recibida por las diferentes vertientes políticas del país.
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal señaló que esta iniciativa, además de ser injusta, es insuficiente: “No le aprobaremos esta reforma tributaria”.
“No más impuestos para financiar derroches, documentales propagandísticos, viajes innecesarios, nuevas embajadas y consulados creados únicamente para pagar favores políticos. Colombia necesita responsabilidad, austeridad y un gobierno que deje de gastar como si el bolsillo de los ciudadanos no tuviera límite”, afirma.
Por su parte, el conservador Efraín Cepeda cuestionó el enfoque del proyecto y la capacidad de ejecución presupuestal del Ejecutivo.
“Lo que el Gobierno radicó no es un plan de equidad, es un recaudo desesperado que profundiza la crisis en los hogares y en las empresas”, sostiene.
Y Angélica Lozano, senadora por el Partido Alianza Verde, también anunció sus reparos frente a la tributaria: “Sigue siendo un presupuesto inflado, $547 billones que no existen, y que el Gobierno mantenga la expectativa de aprobar una nueva reforma tributaria es inconveniente, y ahí vamos a estar para evitarlo”.
Además, recalcó que esta iniciativa golpea duro a la clase media del país.
“Sin recortar medio gasto pretenden tapas huecos, cargando los bolsillos de los que han logrado tener alguito”, anota.
Otra postura fue la del representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón, para quien el Ejecutivo sí ha escuchado a la ciudadanía y ha aceptado no subirle el impuesto a los combustibles ni gravar la cerveza.
“Si se logra avanzar en impuestos directos al patrimonio y la renta, podemos lograr mejorar las finanzas públicas para financiar las políticas sociales y, además, transitar a un régimen tributario progresivo. Que paguen más los más ricos”, dijo.
¿Qué trae el proyecto?
Con el recorte en las proyecciones de la ley de financiamiento en $ 10 billones, ¿qué quedaría en la iniciativa?
El presidente Gustavo Petro reiteró que ya no aumentaría el IVA de la cerveza ni el de los combustibles, con el se pretendía recaudar $ 2,6 billones el próximo año.
El resto de la propuesta del Gobierno se mantendría. Es decir, el aumento del IVA hasta el 19 % para licores como whisky, brandy, vodka y aguardiente, así como para servicios de software, juegos de azar en línea y hospedaje de extranjeros, entre otros.
Los cambios más significativos estarían en el Impuesto al Patrimonio, con el que la Casa de Nariño estima que aumentaría el recaudo en $ 2,1 billones en 2026, porque se bajarían los límites y más personas deberían pagar el tributo.
El umbral pasaría de 72.000 UVT ($ 3528 millones) a 40.000 UVT ($ 1960 millones).
Según el Observatorio Fiscal Pontificia Universidad Javeriana, esto incorporaría a 105.332 contribuyentes nuevos, pero cambiarían las tarifas.
Con ello, la Nación recaudaría el próximo año $ 1,8 billones adicionales, alcanzando los $ 3,2 billones.
La otra modificación propuesta en la tributaria es a la renta a personas jurídicas. Se propone igualar el tratamiento de las sobretasas para empresas de extracción de carbón y aquellas dedicas a la explotación de hidrocarburos.
Una de las ideas que más polémica ha generado es el aumento en el valor de la sobretasa para el sector financiero, que pasaría de cinco a quince puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del 35 %. Con ello, se podría incrementar el recaudo de este tributo en $ 1,3 billones.
De igual forma, en materia de renta a las personas naturales se incluye un alza en las tarifas para rentas gravables que superen los 4100 UVT ($ 200 millones).
Según los cálculos hechos por el Observatorio, una persona que tenga una renta gravable de $ 84 millones seguiría pagando $5,7 millones de impuesto. Pero aquella cuya base sea de $ 200 millones tendría un aumento del 3,03 % en el pago del impuesto. Esto quiere decir que pasaría de cancelar $ 38 millones a $ 39,2 millones en 2026.
La propuesta de reforma también elimina las deducciones adicionales por dependientes, pero aumenta temporalmente el porcentaje a deducir por compras soportadas con factura electrónica, pasando del 1 % al 5% el próximo año y 3 % en el 2027.
De otro lado, quienes apuestan en juegos de azar tendrían que pagar un impuesto de ganancias ocasionales ya no del 20 %, sino del 30 %.