El Sisbén es una herramienta que usan los organismos encargados de los subsidios en Colombia para determinar qué clase de ayuda es necesaria para comunidades específicas según el grupo poblacional, dependiendo de sus ingresos.
A partir del próximo 1 de agosto de 2026, el panorama de los subsidios y programas sociales dará un giro con la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI).
Este nuevo modelo busca transformar la manera en que el Estado identifica a los beneficiarios de ayudas, dejando atrás la dependencia exclusiva de las tradicionales encuestas del Sisbén para dar paso a un cruce automatizado de datos financieros.
Una de las novedades más importantes del nuevo sistema es que las billeteras digitales y los operadores financieros pasarán a ser determinantes en la medición de la capacidad económica de los ciudadanos.
Plataformas como Nequi o Gane reportarán los movimientos y recursos que reciban las personas, información que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contrastará de manera directa.
Ovidio Rodríguez, coordinador del programa en el Valle del Cauca, explicó en una entrevista con BluRadio que la evaluación ya no dependerá de responder un formulario, sino de los ingresos reales que reciba la persona.
“Ya no nos van a medir por una encuesta, sino por los ingresos que podamos generar. Si a mí me mandan plata por operadores financieros, por Nequi, por Gane o por donde sea, todos esos reportes los envían y los cruza Planeación Nacional con esta nueva plataforma”, explicó Rodríguez.
De esta manera, si a una persona le envían dinero por medio de Nequi o plataformas digitales, dichos reportes serán tenidos en cuenta.
Para calcular la nueva categoría, se tomará el total de los ingresos de la familia y se dividirá equitativamente entre el número total de integrantes.
Pese a que el RUI ha sido valorado positivamente por la posibilidad de depurar el sistema y eliminar a los denominados “colados” que reciben subsidios sin cumplir los requisitos, voces expertas han encendido las alarmas.
Rodríguez advirtió sobre el riesgo de una transición abrupta, señalando que la falta de estudios de impacto y de una socialización adecuada por parte del Gobierno nacional podría detonar una crisis social.
Según indicó, comunidades enteras, equipos territoriales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y los propios operadores del Sisbén aún desconocen los detalles operativos, lo que podría terminar marginando a personas que hoy dependen de estos apoyos estatales.
“Puede haber una bomba social porque el Gobierno Nacional no ha socializado ni ha hecho un estudio de impacto frente a los programas sociales y el aseguramiento en salud del régimen subsidiado”, concluyó.