El Consejo de Estado suspendió el decreto mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026, que contemplaba un incremento del 23,7 %, el más alto registrado hasta ahora.
Tras confirmarse esta noticia, varios colombianos se cuestionan: ¿qué pasará con el salario mínimo?.
Con esta determinación, el Alto Tribunal frenó temporalmente la medida y le ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto provisional que establezca un monto ajustado a los criterios técnicos correspondientes.
Hay que recordar que el ente analizaba un paquete de demandas interpuestas contra la norma. Los demandantes argumentaron que el aumento no se sustentó en los parámetros técnicos y macroeconómicos exigidos por la ley, lo que habría viciado el proceso de expedición del decreto.
Con esta noticia que tiene en expectativa al país entero, la pregunta que surge es qué efectos traerá esta determinación. Analistas respondieron en exclusiva para El País sus opiniones al respecto.
Para Juan Diego Lobo, economista y docente de la Universidad EAN, los efectos son claros y determinantes. “Lo ordenado por el Consejo de Estado quiere decir que el Gobierno tiene que expedir un nuevo decreto dentro de los lineamientos de ley, basándose en lo que se determinó en la mesa de negociación de 2025, teniendo en cuenta que el tope de las discusiones lo pusieron las centrales de trabajo y se hablaba entre un 11 % y 16 %”, sostuvo.
Agregó, que para efectos prácticos todas las empresas tendrían que entrar a hacer un reajuste de nóminas y proyecciones financieras, con una nueva cifra que sería menor al 27 %.
En términos políticos, señaló el economista, “se va a usar como un discurso vía Gobierno como un empobrecimiento de la población, de un favorecimiento para los ricos, además que servirá de bandera política para ciertos sectores, mientras que para otros va a servir como un argumento macro de responsabilidad con el país, con la estabilidad de las finanzas públicas”.
Asimismo, dijo que efectos en movidas de mercado laboral previstas como desvinculaciones e informalidad creciente, “va a haber otro argumento para las campañas de algunos candidatos”.
“Si el Gobierno saca un nuevo decreto las presiones en el mercado laboral serían menos apremiantes y por lo menos vía inflación esperada debería haber un reajusta de expectativas a la baja. En términos de expectativas del mercado y movimientos esperados de tasas de interés, puede indicar que, al menos en el mediano plazo, un escenario menos agresivo del que estábamos viviendo en enero”.
Por su parte, Alejandro Useche, economista y docente de la Universidad del Rosario, manifestó que además de que con esta decisión el Consejo de Estado sienta un precedente histórico, genera una gran incertidumbre entre los trabajadores, frente al pago de sus salarios. “Se debe aclarar que ”lo que ya se pagó entre enero y febrero no se devuelve a la empresa, es decir estos ya son derechos adquiridos de los trabajadores, pero seguramente si esta cifra cambia pues a futuro en las próximas quincenas o mensualidades ya se va a ver ajustado el salario a la nueva determinación".
Para las empresas, afirmó, “esto va a significar un alivio importante para sus presupuestos, para sus costos, sobre todo para empresas pequeñas, teniendo en cuenta que el aumento actual se está volviendo algo muy grave, muy problemático, no solamente para contratar personas o no, sino para que toda la operación de sus negocios pudiera andar normalmente”.
Otra duda que vale la pena aclarar, dijo Useche, es la pregunta que se están haciendo muchos y es ¿qué va a pasar con los precios que ya había subido? “Hay que tener mucha prudencia teniendo en cuenta que esta es una situación sin precedentes en el país. Uno esperaría que tan pronto estuvieran claras las reglas del juego, si se hicieron unos sobreaumentos, pues ellos también deberán corregirse acorde con el salario que ya quede definitivamente”.
Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, manifestó que desde la entidad respetan plenamente la decisión del Consejo de Estado. “Las decisiones de las altas cortes son pilares fundamentales de nuestra institucionalidad y deben acatarse”.
“Esta suspensión provisional evidencia que existen argumentos jurídicos de fondo sobre el procedimiento mediante el cual se fijó el incremento del salario mínimo, especialmente por haberse dado de manera unilateral por parte del Gobierno Nacional y distante del principio de concertación entre trabajadores y empleadores. A los trabajadores queremos decirles con claridad que no están desprotegidos. Un llamado a la calma”, sostuvo.
Agregó que esta decisión también establece la necesidad de fijar un salario mínimo transitorio, pero respetando los mecanismos institucionales y la realidad económica del país. “Nosotros promovemos un salario digno, construido con base en la inflación, la productividad y, muy importante, la sostenibilidad del empleo formal. Incrementos sin concertación, según los cálculos de los gremios, pueden poner en riesgo aproximadamente 700.000 empleos en el país. El camino es el diálogo, la técnica y el respeto por las reglas”, concluyó.