Los cultivadores de caña del Valle del Cauca también se han unido a la protesta nacional por el alto incremento en los avalúos catastrales en el sector rural y por ende, el aumento en el impuesto predial.
Esto se debe a la aplicación del catastro multipropósito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, UGAC, que está actualizando el avalúo de las propiedades en todo el territorio nacional y por lo que este jueves se realiza un paro nacional.
“Cuando el impuesto predial se vuelve impagable, como resultado de la reducción del rezago de los avalúos catastrales, deja de ser un tributo y amenaza la producción de alimentos”, dijo la directora ejecutiva de Procaña, Marcela Urueña Gómez.
La dirigente denunció que el catastro multipropósito ha “perdido su norte” al convertirse en una herramienta puramente fiscalista. Indicó que el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) desdibuja el espíritu de la Ley 1955 de 2019, la cual buscaba un equilibrio entre las dimensiones física, jurídica y económica de la propiedad rural.
Para la directiva, esta distorsión prioriza el recaudo sobre el ordenamiento real y productivo del campo.
“El sector agropecuario busca reglas justas, la Resolución 2057 de 2025 expedida por el IGAC en aplicación del artículo 49 de la ley del PND disparó los avalúos catastrales en niveles que alcanzan hasta el 2.505.119%, en un caso de Saravena”. Por tal razón, el gremio considera que estos ajustes distorsionan por completo la finalidad del catastro multipropósito.
En el Valle del Cauca se observan aumentos de hasta el 2000% en los avalúos.
Así mismo. recordó Urueña, que artículo 9° de la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) es categórico: “cuando las normas sobre uso del suelo no permitan aprovechamientos distintos de los agropecuarios, los avalúos catastrales solo podrán tener en cuenta la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.
Para el gremio, el IGAC al aplicar la metodología definida para la actualización de los rezagos catastrales en la Resolución 1912 de 2024 y la cual fue posteriormente aplicada a la base catastral rural de 527 municipios con la Resolución 2057 de 2025, incorporó factores de mercado inmobiliario, transacciones comerciales y dinámicas de valorización que no reflejan la realidad productiva del campo.
Advirtió la dirigente que, si el avalúo base está distorsionado, incluso la tarifa mínima del impuesto predial unificado, fijada por los concejos municipales, resulta impagable para el productor.
Y recordó que el sistema debe regirse por los principios de equidad, progresividad y eficiencia, “valores que hoy se ven amenazados por la incertidumbre normativa”.
Según Marcela Urueña, ante esta situación, el sector busca la implementación de un sistema justo, gradual y acorde con la capacidad productiva real del campo, que además respete la multifinalidad catastral.
“Lo que rechazamos es el catastro que, bajo el rótulo de multipropósito, opera en la práctica como un instrumento solamente fiscalista: uno que actualiza exclusivamente el avalúo sin completar el levantamiento físico, ni garantizar la seguridad jurídica, y que genera bases gravables tan elevadas que desincentivan la producción agropecuaria”, puntualizó Urueña Gómez.
Varios sectores, gremios campesinos como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); y ciudadanos convocaron a un paro nacional en Colombia para este jueves 9 de abril de 2026 en rechazo al aumento de los avalúos catastrales.