Por Isaac Niño Duarte, CEO de Isnandia Global
El concepto de inversión se remonta a los orígenes de la humanidad. Cuando el homo habilis dedicó su esfuerzo a fabricar herramientas, invirtió tiempo para mejorar sus condiciones de vida. Por eso, el tiempo puede entenderse como uno de los insumos fundamentales de toda inversión.
Cada vez que una persona evalúa qué puede o no ocurrir para alcanzar una meta, está tomando una decisión de inversión: proyecta variables, mide riesgos y decide si vale la pena comprometer tiempo, dinero o recursos. Lo mismo ocurre en las multinacionales, pero a una escala mucho mayor.
Entonces, ¿qué variables impactan de forma transversal a los inversionistas al momento de evaluar un país? Entre las múltiples existentes, estas son algunas de las más críticas que analicé sobre la ejecución de un macroproyecto en Colombia.
Inseguridad jurídica y regulatoria.
La inseguridad jurídica es la base de gran parte de los factores que ponen en riesgo la inversión. Cambiar de manera reiterada las reglas para inversionistas y ciudadanos genera inestabilidad y eleva la percepción de riesgo.
Si una persona decidiera construir el segundo piso de su casa y, de un momento a otro, le exigieran una licencia adicional o un nuevo impuesto no previsto, probablemente desistiría del proyecto. Eso mismo sucede con las inversiones empresariales: cuando las reglas cambian sobre la marcha, muchos proyectos dejan de ser viables, por mayores costos o complejidad regulatoria.
La solución no es eliminar la regulación, sino garantizar que las normas sean estables, coherentes y aplicables de igual forma para todos. La inversión no le teme al riesgo; le teme a la incertidumbre, y Colombia ha sido durante décadas sinónimo de incertidumbre para muchos capitales.
Baja productividad.
Como lo hemos analizado en artículos anteriores, la baja productividad se traduce en mayores costos, menor competitividad y más recursos destinados a producir lo mismo. Esto nos pone en desventaja frente a otras economías de la región. En un mercado global, una diferencia de apenas 2 % en productividad puede ser suficiente para que un inversionista elija otro destino.
Carga tributaria.
Este es un factor crítico, aunque gestionable mediante planeación fiscal, eficiencias operativas, reducción de costos o mayores ingresos. Sin embargo, cuando la carga tributaria se vuelve excesiva, como sucede en Colombia, llega un punto en el que ninguna ingeniería financiera compensa el peso fiscal.
La inversión llegó al país incluso con altas tasas de tributación; comenzó a desaparecer cuando los incrementos respondían más a coyunturas ideológicas que a una estrategia de crecimiento de largo plazo.
Tiempos de licenciamiento.
Colombia se ha caracterizado por tener procesos de licenciamiento excesivamente largos e incluso indefinidos. En muchas ocasiones, estos dependen más de la interpretación de un funcionario o del aval político de turno que de criterios técnicos claros.
La demora en los licenciamientos no solo retrasa proyectos: retrasa empleo, crecimiento y bienestar. Los precios de muchos insumos cambian en el tiempo y el precio de hoy no va a ser el mismo en cinco años. Incluso, como ya lo hemos vivido, una guerra en Oriente Medio afecta nuestra economía. Un país donde un proyecto puede tardar años en obtener permisos deja de competir por inversión y empieza a perderla por ineficiencia o sobrecosto asociados a la corrupción.
Esto no significa eliminar controles, sino hacerlos más ágiles y técnicos. Una ventanilla única que evite recorrer ministerios y agencias radicando permisos para un determinado proyecto, podría convertir a Colombia en uno de los principales receptores de inversión para macroproyectos en América Latina. Cuando aprobar un proyecto tarda más que construirlo, el problema ya no es regulatorio: es estructural.
Consultas previas mal estructuradas.
Las consultas previas son uno de los mayores retos para el desarrollo de grandes proyectos en el país. No porque las comunidades no tengan derechos, sino porque el sentido de las mismas se ha distorsionado en muchos casos, alejándose de su propósito inicial.
Con frecuencia, se convierten en escenarios donde terceros actores políticos, líderes sociales o intermediarios terminan capturando beneficios particulares. Se “extorsiona” a las empresas a cambio de permitir las construcciones y esto retrasa inversiones que podrían traer empleo, conectividad y bienestar a regiones enteras.
A las nuevas generaciones se nos ha trasladado la responsabilidad histórica de algo que no causamos, y se ha privilegiado el bien particular sobre el común bajo ese discurso. La mal llamada “deuda ancestral” la hemos pagado caro todos los colombianos, incluso quienes se consideran acreedores de ella, aunque los responsables de esos hechos desaparecieron hace siglos. Un claro ejemplo de esto ha sido la explotación de gas en el mar Caribe: un 25 % más en el precio del metro cúbico, lo que se traduce en mayores costos de generación en las termoeléctricas y, en consecuencia, en facturas de energía más altas para todos.
Algo que conviene recordar es que los colombianos somos, en gran medida, producto del mestizaje; buena parte de nuestros ancestros son comunes, aunque hoy se insista en dividirnos como si fuéramos herederos de bandos irreconciliables.
La ausencia de límites claros en tiempos, compensaciones y alcance ha contribuido a retrasos en proyectos energéticos, de infraestructura y de abastecimiento estratégico. El problema no es la existencia de la consulta previa, sino su falta de reglas claras y tiempos razonables.
No se puede exigir luz, empleo y conectividad y al mismo tiempo bloquear la construcción de hidroeléctricas, carreteras o infraestructura crítica. Hasta un centro de salud depende de la energía para funcionar. Sin proyectos no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay bienestar. Dios creó el mundo para que el hombre lo aprovechara con responsabilidad; transformarlo no es destruirlo.
Como puede verse, lo más crítico no es la falta de rentabilidad, sino el tiempo perdido en trámites y la ausencia de reglas claras. Lo que ahuyenta la inversión no son únicamente los impuestos altos, sino la combinación de leyes cambiantes, regulaciones contradictorias y decisiones impredecibles.
La inversión no necesita promesas; necesita reglas claras, tiempos razonables y confianza. Mientras Colombia no resuelva esos tres puntos, seguiremos preguntándonos por qué el capital se va, cuando en realidad somos nosotros quienes lo empujamos a irse.