Más de 400.000 trabajadores de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia quedaron en medio de la incertidumbre tras una serie de decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno nacional que, según los gremios del sector, ponen en riesgo la estabilidad del empleo formal y generan inseguridad jurídica.
A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Aces, Anavp, Asosec, Asoviboy, la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, Conasegur, el Consejo Nacional de Seguridad Privada, Confevip, Ecos, Fecolsep, Fedelam, Fedeseguridad y Fenalco manifestaron su preocupación por la adopción de medidas regulatorias y técnicas que, aseguran, fueron implementadas sin procesos adecuados de socialización, sin el debido proceso y con falencias técnicas.
Los representantes del sector advirtieron que estas decisiones afectan la legitimidad de la actividad y podrían limitar el acceso al empleo formal y a la seguridad social para miles de trabajadores.
Según los gremios, la industria de la vigilancia privada reúne a cerca de 400.000 trabajadores, aporta el 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza alrededor de $21 billones al año y representa el 4 % del empleo formal del país.
Cuestionamientos a las medidas adoptadas
Entre los principales reclamos, las organizaciones denunciaron lo que califican como un “patrón sistemático de deslegitimación” de la vigilancia privada. Aseguraron que, en algunos pronunciamientos, el sector formal ha sido equiparado con estructuras paramilitares sin que existan pruebas que sustenten tales afirmaciones.
Asimismo, denunciaron una presunta parálisis institucional en los procesos de acreditación y autorización. Según el comunicado, los trámites tardan en promedio 391 días, aunque algunos casos han alcanzado hasta 1.348 días. Los gremios sostienen que estas demoras han derivado en detenciones durante operativos, pese a que consideran que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el Estado.
También cuestionaron dos decisiones recientes: la implementación de una denominada “calculadora salarial” y la modificación de la estructura tarifaria del sector.
Sobre la calculadora salarial, afirmaron que la herramienta carece de rigor técnico y generó preocupación innecesaria entre trabajadores y empresas, además de representar una posible extralimitación de funciones por parte de la autoridad reguladora.
Respecto a la nueva estructura tarifaria, señalaron que la modificación altera las condiciones económicas del negocio y no tuvo en cuenta el impacto generado por un nuevo día festivo establecido por ley.
Riesgos para el empleo formal
Los gremios alertaron que el debilitamiento de las empresas formales podría traducirse en mayores niveles de informalidad laboral.
Indicaron que la situación tendría efectos directos sobre más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años que accedieron a su primer empleo formal a través del sector, más de 112.000 trabajadores mayores de 45 años y cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
Además, destacaron que en numerosos municipios intermedios y zonas rurales la vigilancia privada constituye una de las principales fuentes de empleo formal. En ese contexto, advirtieron que la pérdida de capacidad del sector podría abrir espacio a esquemas de vigilancia ilegal que operan sin contratos, prestaciones ni garantías laborales.
De otro lado, la preocupación de los gremios se produce meses después de que, en abril de 2026, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendiera 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector por presunta infiltración criminal y posible utilización de recursos empresariales para actividades ilícitas.
La entidad señaló entonces que las medidas hacían parte de investigaciones que evidenciaron un patrón en el que algunas compañías, tras obtener autorización para operar legalmente, terminaban prestando servicios o facilitando recursos a organizaciones criminales.
El superintendente Larry Álvarez Morales aseguró que no se trataba de hechos aislados, sino de una modalidad recurrente detectada en varias investigaciones.
No obstante, la Superintendencia precisó que la mayoría de las empresas de vigilancia privada opera dentro de la legalidad y destacó que las sanciones se concentraron exclusivamente en compañías bajo investigación por irregularidades específicas.
De acuerdo con la entidad, más de 360.000 familias dependen económicamente de esta actividad, lo que convierte cualquier decisión sobre el sector en un asunto de alto impacto social y laboral.