La reforma laboral aprobada en 2025 introdujo cambios claves para miles de mujeres que durante años han estado al frente del cuidado de niños y niñas en condición de vulnerabilidad en Colombia. Se trata de las madres comunitarias y sustitutas que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes ahora entran en un proceso de formalización laboral que les permitirá acceder a un salario y a prestaciones.
La Ley 2466 de 2025 estableció cambios generales para los trabajadores del país, como el contrato a término indefinido como regla, la conversión de los contratos de aprendizaje en contratos laborales para aprendices del SENA y nuevos criterios para el pago de recargos.
Desde la entrada en vigor de la norma, el recargo nocturno se reconoce desde las 7:00 de la noche y no desde las 9:00 p. m., manteniendo el 35 % adicional sobre la hora ordinaria. En cuanto a los festivos, el pago será progresivo: pasó del 75 % al 80 % en 2025, en julio de 2026 llegará al 90 % y en 2027 alcanzará el 100 %.
Pero uno de los artículos con mayor impacto social es el artículo 68, que ordena la vinculación progresiva de las madres comunitarias, madres sustitutas y las trabajadoras de hogares infantiles a la planta de personal del ICBF como trabajadoras oficiales.
Estas mujeres se encargan del cuidado, la alimentación, la protección y la educación inicial de menores que han sido víctimas de violencia o viven en contextos complejos. El trabajo de estas mujeres se desarrolla en hogares comunitarios, hogares infantiles y hogares sustitutos en diferentes regiones del país.
En Colombia se estima que hay más de 60.000 madres comunitarias y sustitutas. La meta de la reforma laboral es que esta formalización avance de manera gradual hasta 2029, según la disponibilidad presupuestal.
La reglamentación se apoyó en los decretos 1398 y 0586 de 2025, que crearon 2.353 cargos de trabajadoras oficiales y reconocieron esta labor como empleo público de nivel asistencial, lo que permite su vinculación mediante contrato a término indefinido.
Una vez formalizadas, devengarán el salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones. Actualmente, esa remuneración es de $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095.
Actualmente, el 72 % de estos servicios funciona bajo modelo público comunitario y más de 45.000 unidades operan en 30 departamentos, cifras que muestran la dimensión de esta labor en la atención a la primera infancia.