El mayor cambio en las dinámicas de contratación y tiempos de servicio de los últimos años en el país ha alcanzado su punto definitivo. Desde hoy 15 de julio del 2026, la jornada laboral máxima permitida en el territorio nacional se sitúa de forma obligatoria en las 42 horas semanales, culminando el proceso de transición gradual estipulado por el Congreso de la República a través de la Ley 2101.
A pesar de las expectativas que genera este hito en términos de calidad de vida, la Federación Colombiana de Gestión Humana-Acrip decidió medir la realidad de su adopción mediante un riguroso sondeo entre empleadores de diversos sectores productivos.
Los resultados del informe revelan un panorama complejo con profundas divisiones operativas. De acuerdo con el gremio, el 68 % de empresas consultadas manifestó su preocupación debido a que la reducción de las horas de trabajo disminuirá de manera directa la rentabilidad de las organizaciones, un temor fundamentado en el incremento del valor de la hora ordinaria y de los recargos.
Para balancear este impacto, el 51,2 % de compañías indicó que tuvo que reorganizar de forma interna sus turnos de producción. Esta estrategia busca evitar caídas severas en el rendimiento final y contrarrestar el encarecimiento de horas extras que acarrea la normativa vigente.
La investigación de Acrip muestra que, antes de la fecha límite, la adopción ya avanzaba con fuerza, puesto que el 71 % de empresas se encontraba operando bajo el esquema intermedio de 44 horas semanales. Sin embargo, la flexibilidad horaria ha abierto la puerta a escenarios aún más audaces.
De manera sorpresiva, un 9 % de encuestados decidió ir más allá de la obligación legal e implementar jornadas semanales de apenas 40 horas, mientras que un selecto 4 % del tejido empresarial ya cuenta con un modelo de trabajo estructurado en solo 4 días de labores a la semana.
En contraste con estas iniciativas de vanguardia, el 44 % de sociedades todavía mantiene a sus nóminas bajo un esquema de actividades distribuido en 6 días a la semana, evidenciando las dificultades estructurales para flexibilizar la operación en ciertos nichos.
Sobre este doble escenario, Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, enfatizó que la política representa un beneficio indudable de balance personal para el trabajador, pero plantea un reto de gran envergadura para las gerencias que deben garantizar productividad sin generar sobrecostos.
Un aspecto positivo del estudio radica en la fidelización del talento. Los datos señalan que, bajo esquemas de 6 días, la rotación laboral alcanzaba el 17,1 %, una cifra que disminuye al 15,9 % cuando se pasa a un esquema de 5 días de trabajo.
La flexibilidad se ha consolidado como la herramienta favorita para mitigar la transición, al punto de que el 55,4 % de firmas ya cuenta con políticas formales de horarios flexibles de entrada y salida para su personal administrativo y operativo.