En medio de la tensión comercial que existe entre Colombia y Ecuador por cuenta del incremento de los aranceles al 50 % por parte del vecino país, los gremios de ambas naciones sostuvieron una reunión en la mañana de este lunes 2 de marzo, con el fin de buscar una salida a esta crisis que perjudica a los empresarios de los dos lados.
Las medidas arancelarias impuestas por Ecuador están basadas en supuestas fallas en el control del orden público en la frontera, hecho que llevó a que el Gobierno colombiano respondiera con una medida similar elevando los aranceles al 50 % a las importaciones ecuatorianas.
Así es como en este contexto, los líderes empresariales de ambos países se encontraron en la sede de la Andi, para hacer un llamado conjunto a ambos gobiernos para que retomen el diálogo y desmonten las medidas adoptadas.
Javier Díaz, presidente de Analdex, instó a levantar de manera inmediata los aranceles y restricciones impuestas al comercio bilateral. “Hacemos un llamado para constituir una mesa de trabajo que le permita diseñar unas soluciones a los problemas planteados por el presidente Noboa. Nos corresponde defender el comercio legal de los dos países. Con estas decisiones nos estamos maltratando mutuamente y terminamos beneficiando a la ilegalidad”, aseguró.
En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que han enviado comunicaciones a las dos administraciones para pedir que, con sensatez, se sienten a resolver sus diferencias sin afectar a los trabajadores. “Hemos solicitado que con razonabilidad y diálogo solucionen el problema que tienen, pero que no pongan a los trabajadores como tema de negociación”, afirmó.
Mac Master advirtió además que poner en riesgo la integración entre Colombia y Ecuador implica afectar directamente al consumidor, la capacidad productiva y el empleo en ambas naciones. “Esta situación no solo es inesperada, sino tremendamente preocupante. El proceso de integración económica entre Ecuador y Colombia es, quizá, el más profundo de América Latina”, sostuvo.
Por su parte, María Elena Ospina, directora ejecutiva de Acopi, advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas por la coyuntura. Según explicó, este segmento genera más del 80 % del empleo formal en Colombia y enfrenta un riesgo significativo. De las cerca de 2400 empresas que actualmente exportan a Ecuador, entre el 65 % y el 75 % podrían ver comprometida su viabilidad o la estabilidad de sus puestos de trabajo.
Asimismo, Camilo Llinás Angulo, presidente de la Asociación Colombiana de Autopartes, Acolfa, reconoció que la medida arancelaria ha perjudicado a la cadena de autopartes de los dos países. En su intervención pidió a los medios de comunicación apoyar en la tarea de la búsqueda de soluciones, dando a conocer cómo las dos naciones pierden con estas determinaciones.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hizo un llamado a que la relación entre los dos países no quede atrapada en un espiral de decisiones unilaterales y “de represalias sucesivas como las que hemos vivido en los últimos meses. Las diferencias que puedan haber en políticas de seguridad y política tienen que deponerse por encima de los intereses de los colombianos y ecuatorianos que han salido afectados con esta situación”.
Agregó que detrás de los US$2200 millones de la balanza comercial entre los dos países, “son muchas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta escalada de aranceles y eso lo tienen que entender los dos presidentes”.
En cuanto al tema del contrabando en la frontera, Cabal señaló que según reportes de la agremiación en Nariño, ya han superado un incremento del 72 %, igualmente las ventas se han reducido en un 60 %.
Para Jeffrey Fajardo López, presidente de Porkcolombia, la crisis también puede estar transgrediendo la ley. ¿En qué sentido? “Cuando Colombia incorporó en su marco normativo y de ley el acuerdo de la Comunidad Latina, lo hizo a través de la Ley 3.23 de 1996. Y esta no es una ley cualquiera, es probablemente el ejemplo más importante de la integración más profunda que haya vivido Colombia, y dentro de esa ley no sólo se ratifica la condición de libre comercio que aplicaba desde la fundación del Pacto Andino, sino que se incorpora una serie de mecanismos de solución de controversias y de defensa comercial por fuera del cual no se puede operar desde el punto de vista administrativo”, explicó.
Agregó que “transgredir esa ley es algo que nos pone completamente en riesgo porque hoy es esto y mañana es cualquier excusa para poder imponer cualquier tipo de aranceles a cualquier país por fuera de los marcos legales a los que los gobiernos están obligados”.
Del lado ecuatoriano también se escucharon voces de preocupación. Una de ellas fue la de Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien señaló que entre el 1 y el 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron 69 %. Además, advirtió que el aumento arancelario termina trasladándose al consumidor final, quien debe asumir mayores costos en los productos importados.