Para los pensionados en Colombia, el ahorro de sus mesadas es dinero sagrado y en los fondos privados se trata de plata exclusivamente destinada a garantizar el ingreso de millones de personas durante su vejez, por lo que cualquier decisión sobre su manejo debe partir de un principio fundamental: promover su rentabilidad de forma segura, responsable y sostenible en el tiempo.
Bajo esa premisa, ha surgido una creciente preocupación ciudadana frente al proyecto de decreto que el Gobierno Nacional mantiene abierto para comentarios hasta el próximo 4 de febrero, mediante el cual se busca limitar el porcentaje de los recursos de los fondos privados de pensiones que pueden invertirse en el exterior.
Aunque los ahorros pensionales pertenecen a los ciudadanos, su administración está a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, cuya función principal es gestionar esos recursos de manera eficiente para generar rendimientos que se traduzcan en mejores pensiones futuras.
Precisamente por la relevancia de este tema, no solo para los afiliados al sistema, sino para la economía en general, la Contraloría General de la República decidió intervenir en el debate y presentar un análisis detallado sobre los posibles efectos adversos de la medida propuesta.
En su informe, revelado este jueves 29 de enero, el ente de control advierte que las decisiones relacionadas con la destinación de los ahorros pensionales tienen un impacto directo sobre el patrimonio de los afiliados, la estabilidad del sistema pensional y, en última instancia, las finanzas públicas del país.
La propuesta del Gobierno plantea reducir el tope de inversión en activos del exterior del 49 % actual a un 30 %, con un régimen de transición de cinco años. No obstante, en apenas tres años ese límite ya se ubicaría en el 35 %, lo que implica una repatriación significativa de capitales hacia el mercado local.
Según la Contraloría, este traslado masivo de inversiones conlleva riesgos que deben analizarse cuidadosamente. Partiendo de las proyecciones de Asofondos, que estiman un crecimiento promedio anual del 14,16 % en los fondos de pensiones obligatorias, el monto total administrado pasaría de $526,6 billones en diciembre de 2025 a $783,4 billones en 2028, y alcanzaría $1.021,1 billones en 2030.
Con los nuevos límites, para 2028 solo $274,2 billones podrían mantenerse invertidos en el exterior y, para 2030, esa cifra sería de $306,3 billones.
El problema, según advierte la Contraloría, es que históricamente las inversiones realizadas fuera del país han ofrecido mejores rendimientos que aquellas concentradas exclusivamente en el mercado colombiano. Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado, que combina activos locales e internacionales, ha logrado una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, mientras que un portafolio invertido solo en Colombia habría alcanzado cerca del 3,8 % en el mismo periodo.
Si bien el organismo aclara que no es posible atribuir una rentabilidad exacta únicamente a la inversión en el exterior, sí reconoce que la diversificación internacional ha sido un factor determinante para mejorar los resultados.
De hecho, sus cálculos indican que, de haberse aplicado desde 2011 un límite del 30 % a la inversión externa, la rentabilidad promedio habría sido del 6,8 % y no del 8,5 %, una diferencia que impacta directamente el valor de las mesadas y las devoluciones de saldo.
Este informe se suma como un insumo clave en el debate sobre el proyecto de decreto pensional, cuyo desenlace aún es incierto, pero sus decisiones marcarán el futuro financiero de millones de colombianos.