La Red PRO, ANIF y el Consejo Privado de Competitividad hicieron pública una reflexión alrededor del alza del salario mínimo del 2026, que tuvo un incremento de 23,7 % hasta $2.000.000, incluido el subsidio de transporte.
En un comunicado, aseguraron que creen en el diálogo y la concertación como mecanismo para construir país, por lo que cuestionaron la decisión unilateral del Gobierno.
“Esto no puede darse de manera impuesta y menos estigmatizando a los empresarios y empleadores, ni pequeños ni grandes, quienes hoy mueven la actividad productiva del país. Este aumento decretado por el Gobierno Nacional busca generar más polarización y no tiene en cuenta el impacto negativo en quienes no están siquiera sentados a la mesa: jóvenes, inactivos, desempleados e informales. En un país más justo sus voces tendrían que ser ponderadas a la hora de tomar las decisiones y el valor de éstas no se mediría en popularidad y vítores, sino en oportunidades para los excluidos”, destacaron en su mensaje.
Para estas entidades, lo que puede ser una buena noticia hoy para algunos, no lo es para la gran mayoría de los colombianos, debido a su condición de informalidad y además porque muchos de los bienes y servicios que consumen tendrán un incremento: la cuota moderadora en salud, por ejemplo, o el costo de una vivienda VIS y arriendos, el SOAT, el costo del transporte y de los servicios públicos, las matrículas educativas y otros servicios.
“El efecto de esta medida no es abstracto. Cuando el costo del empleo formal se vuelve inalcanzable para miles de pequeñas empresas, la informalidad deja de ser una excepción y se convierte en la única alternativa posible. Y cuando eso ocurre, se debilita exactamente aquello que como sociedad valoramos profundamente: el trabajo con derechos, la estabilidad y la posibilidad de construir proyectos de vida sostenibles”.
Destacaron también las entidades que Colombia es un país donde más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, donde 9 de cada 10 empresas son micro y pequeñas, y donde los márgenes para absorber aumentos abruptos de costos laborales son limitados.
“En este contexto, un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral corre el riesgo de profundizar una brecha que ya existe: la que separa a los trabajadores formales de millones de jóvenes, mujeres y personas con menor educación que hoy están por fuera del sistema de protección social”.
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